«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
«Encamina al país hacia una tiranía»

Víctimas del terrorismo denuncian que Sánchez les deja «sin capacidad de acción» al prohibir las acusaciones populares: «Está dando un golpe de Estado»

Manifestación contra Pedro Sánchez en Colón (Madrid). Twitter

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al «cargarse» las acusaciones populares deja a las víctimas «sin capacidad de acción».

«El proyecto hace algo perverso: prohíbe actuar como acusación popular a las asociaciones que tengan vinculación con algún partido político, un concepto jurídico indeterminado, pues quedará a la interpretación de los jueces el alcance de la palabra vinculación», ha afirmado en un comunicado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien ha asegurado también que «va contra el artículo 125 de la Constitución», ante el registro de la proposición de ley en el Congreso por parte del PSOE.

«Se carga las acusaciones populares y deja a las víctimas sin capacidad de acción, pues no nos permite participar en los procedimientos más allá del enaltecimiento, que el propio Gobierno pretende despenalizar, como ya han anunciado sus socios en el Ejecutivo», ha señalado.

Dignidad y Justicia incide en que Sánchez «está dando un golpe de Estado y encaminando al país hacia una tiranía» ya que, tras tener «controlado» el poder ejecutivo, legislativo y el Tribunal Constitucional, ahora «pretende» controlar todo el sistema judicial «por la puerta de atrás, con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno».

La asociación asegura, textualmente, que Sánchez quiere eliminar la figura de la acusación popular con el fin de que sólo sea la Fiscalía la que tenga el poder para impulsar procedimientos. «Sin la acusación popular, sin embargo, ni el caso Faisán, ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria».

Por su parte, desde la AVT han señalado que la proposición de ley les parece «extremadamente grave». «Desde la fundación de la AVT en 1981 el trabajo jurídico ha sido uno de los pilares fundamentales», ha señalado a ABC su presidenta, Maite Araluce. En este sentido, alerta sobre sus consecuencias y señala que «podrían quedar incluso crímenes sin juzgar». «Nosotros estamos personados en más de 200 procedimientos. Si no estamos como acusación popular no podremos estar ahí en nombre de las víctimas del terrorismo».

+ en
Fondo newsletter