VOX ha presentado este miércoles la querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las órdenes de carga a la Policía el pasado lunes contra los manifestantes que protestaban de forma pacífica frente a la sede del PSOE en Madrid.
En concreto, la querella, dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, atribuye a Grande-Marlaska y a Martín Aguirre delitos de prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra derechos individuales.
La coordinadora Jurídica de VOX, Marta Castro, ha explicado en su escrito al Supremo que a las manifestaciones realizadas acuden personas de forma cívica y pacífica: «Son ciudadanos corrientes de todo tipo y condición, entre los que se encontraban hombres de todas las edades, mujeres, niños, incluso ancianos». «En un momento determinado, y sin que mediara motivo para ello (…), la Policía empezó a disolver a los congregados con violencia, agresividad y empleando gas lacrimógeno», denuncia la formación en su escrito.
Esta actuación, defiende VOX, «no tuvo ninguna justificación legal y, por tanto, el exceso de violencia y la persecución empleada por la Policía no obedece más que a instrucciones con motivaciones políticas para asustar y disuadir a los ciudadanos de acudir a protestar frente a la sede del PSOE».
En definitiva, el dispositivo de la Unidad de Intervención de la Policía actuó obedeciendo una orden que no atendió al principio de motivación de toda orden administrativa ni al principio de proporcionalidad, «principio básico en las actuaciones frente a ciudadanos, pues ha de respetarse en todo empleo del uso de los medios de defensa para garantizar la seguridad».
