«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
se inició en 1965

Adiós a las cuotas: Trump pone fin a 60 años de «discriminación positiva»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Europa Press

La Administración Trump no está poniendo en un brete a los informadores: ni mediada está la primera semana de su mandato y ya ha engendrado más información relevante que la del soñoliento Biden en cuatro años.

Por ejemplo: en la montaña de fulgurantes medidas de enorme alcance hay una que corre peligro de pasarse por alto o, al menos, no subrayarse como merece: el fin de un régimen de discriminación legal iniciado en 1965 por Lyndon B. Johnson, hace la friolera de 60 años.

Este miércoles, Trump revocó la Orden Ejecutiva 11246 del presidente Lyndon B. Johnson, que obligaba a los contratistas del gobierno a adoptar políticas de «discriminación positiva». Esto significa que, tanto en la contratación de funcionarios públicos como en la adjudicación de contratos de obra y servicio, la Administración no debía tener en cuenta sólo el mérito, sino que debía procurar que las plantillas reflejasen una proporción étnica (y luego sexual) equivalente a la de la población general. Esto ha terminado.

La orden de Trump pone fin a la «discriminación en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la fuerza laboral federal y en la contratación y el gasto federal«, señala la Casa Blanca. Las prácticas de contratación del gobierno federal ahora se basarán en el mérito, y los empleados serán retribuidos y promocionados de acuerdo a «la iniciativa individual, las habilidades, el desempeño y el trabajo duro».

La Oficina de Administración y Presupuesto «agilizará el proceso de contratación federal para mejorar la agilidad y la eficiencia, reducir los costos y exigir a los contratistas y subcontratistas federales que cumplan con nuestras leyes de derechos civiles», señala una hoja informativa de la Casa Blanca. Además, la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales no podrá presionar a los «contratistas para que equilibren su fuerza laboral en función de la raza, el sexo, la identidad de género, la preferencia sexual o la religión”, según la orden.

La Casa Blanca afirma que los radicales criterios DEI han revertido «el progreso logrado en las décadas transcurridas desde la Ley de Derechos Civiles de 1964 hacia un lugar de trabajo sin distinción de color y basado en competencias» y fomentan el autoritarismo.

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