Siempre supimos que el sistema está dispuesto a cualquier cosa para quitarse de encima a Donald Trump, al que todas las encuestas dan vencedor en un hipotético duele electoral contra Joe Biden, pero el escandaloso uso que está haciendo la Administración de la justicia para lograrlo está destruyendo por completo la imagen de Estados Unidos como un Estado de Derecho.
Y Trump ha acabado estallando. El expresidente ha exigido el cese inmediato de los diversos procesamientos que enfrenta, alegando que suponen una interferencia electoral por parte del Departamento de Justicia (DOJ).
En una publicación de Truth Social, el presidente Trump dijo que, como favorito para las elecciones presidenciales republicanas de 2024, no debería estar sujeto a «procesamientos falsos» antes de las elecciones generales de 2024. «Esto es comunismo y una amenaza a la democracia», declaró el presidente Trump.
Trump acusa al Departamento de Justicia de orquestar investigaciones estratégicamente para impedir sus actividades políticas durante las elecciones de 2024. «Todos los procesamientos políticos contra su presidente favorito, yo, deben cesar de inmediato. Estamos en medio de una campaña electoral, quizás la elección más importante en la historia de nuestro país, y esos fiscales y jueces lunáticos de izquierda radical no pueden hacer lo que hacen», dijo el presidente Trump. «¿Por qué no empezaron hace tres años? ¡Porque querían interferir en las elecciones presidenciales de 2024, por eso!».
El más que probable candidato republicano echa mano del reglamento interno del Departamento de Justicia, concretamente a la Sección 9-85.500, agregada en agosto de 2022, que prohíbe a los fiscales y agentes federales planificar los casos judiciales de modo que afecten a unas elecciones.
El presidente Trump afirmó que las acciones del DOJ violan esta disposición, que prohíbe específicamente acciones que incluyan «pasos de investigación, cargos penales o declaraciones, con el fin de afectar cualquier elección, o de dar una ventaja o desventaja a cualquier candidato o político».
«Tal propósito es inconsistente con la misión del Departamento y con los Principios del Ministerio Público Federal. Cualquier acción que pueda plantear un problema o la percepción de un problema bajo esta disposición requiere consulta con la Sección de Integridad Pública, y dicha acción no se tomará si la Sección de Integridad Pública informa que se requieren consultas adicionales con el Fiscal General Adjunto o el Fiscal General», afirma el estatuto.
Trump se enfrenta a la friolera de 91 cargos en cuatro casos penales relacionados con pagos de sobornos para acallar testimonios antes de las elecciones de 2016, sus intentos de impugnar los resultados de las elecciones de 2020 y el manejo de documentos clasificados. Esto se suma a los casos civiles que implican a sus negocios. Para Trump, todos ellos tienen una motivación política.
