Parecía imposible echar de menos a Lori Lightfoot, la esperpéntica alcaldesa demócrata de Chicago que hacía del odio racial su plataforma política, pero su sucesor, Brandon Johnson, marxista de la vieja escuela, lo está logrando.
Johnson tiene las ideas y proyectos precisos para vaciar Chicago en su mandato, al menos vaciarla de todo aquel que pueda abandonar la ciudad. Su última ocurrencia es gastar 25 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para pagar el alquiler de miles de extranjeros ilegales que haya en Chicago.
No son pocos. Desde hace algo menos de un año, cuando empezó a lo grande la invasión de la frontera sur, más de 10.000 de estos ilegales han llegado a Chicago, que hace tiempo se declaró ciudad santuario, muchos en autobuses enviados desde Texas.
Ahora, Johnson espera obtener 25 millones en dinero de los contribuyentes para proporcionar seis meses de alquiler a más de 6.500 extranjeros ilegales, en un momento en que el alza disparatada de los alquileres tienen a muchos habitantes de la Ciudad del Viento luchando por llegar a fin de mes.
Mientras lo consiguen, Johnson ha ido colocando a los que llegan donde puede, 300 en un centro deportivo en el vecindario Gage Park de Chicago.
Incluso sin este despliegue de generosidad con dinero ajeno, hace tiempo que se sabe —es obvio— que la afluencia masiva de ilegales disparan los precios de la vivienda y los alquileres para la sufrida clase trabajadora. En 2013, un estudio de New American Economy, financiado por Michael Bloomberg, que promueve la inmigración masiva, explicó cómo la importación de decenas de millones de inmigrantes ilegales y legales durante décadas aumentó los costos de vivienda en 3.7 billones de dólares para la próxima generación de compradores de vivienda, pero la figura como creación de «riqueza habitacional».
«Los 40 millones de inmigrantes en los Estados Unidos representan una poderosa clase compradora, reflejada en su demanda de vivienda, así como de otros bienes y servicios producidos localmente, que aumentan el valor de las viviendas en comunidades de todo el país», admite el estudio.
