Carolina del Norte sólo reconoce dos sexos: masculino y femenino. Este cambio entra en vigor a partir del 1 de enero tras la aprobación de una amplia reforma legal impulsada por la legislatura estatal, que redefine el marco normativo sobre identidad sexual, pornografía en línea y atención médica relacionada con la transición de género en menores.
La modificación se articula a través del Proyecto de Ley 805 de la Cámara de Representantes, aprobado el pasado verano, y alinea la legislación estatal con lo que sus promotores describen como criterios biológicos y mandatos federales. Uno de los patrocinadores republicanos, Neal Jackson, defendió la norma asegurando que «la biología es el único elemento que define el sexo» y que la ley busca aportar claridad jurídica y coherencia normativa.
Aunque el texto final ha generado una fuerte polémica, su origen fue distinto. La iniciativa comenzó como un proyecto centrado en la protección de mujeres y menores frente a la explotación sexual en internet, y logró inicialmente un respaldo unánime en la Cámara. Entre otras medidas, obliga a los operadores de páginas pornográficas a verificar que todas las personas que aparecen en los contenidos tienen al menos 18 años y han dado su consentimiento por escrito tanto para la actividad como para la difusión de las imágenes.
La ley también impone a estas plataformas la creación de mecanismos claros para retirar contenidos a petición de los afectados y concede a la Fiscalía General la capacidad de iniciar acciones civiles contra quienes incumplan estas obligaciones. Organizaciones conservadoras del estado, como la Coalición de Valores de Carolina del Norte, sostienen que se trata de requisitos básicos para evitar abusos y proteger a personas vulnerables.
El giro más controvertido llegó durante la tramitación en el Senado estatal, cuando se añadieron disposiciones relativas a la atención de transición de género en menores. La versión definitiva bloquea el uso de fondos públicos para este tipo de tratamientos y amplía hasta diez años el plazo para presentar demandas civiles contra profesionales sanitarios que los hayan proporcionado a menores de edad.
Los defensores de la reforma argumentan que muchos jóvenes no están en condiciones de consentir plenamente decisiones médicas de gran impacto a largo plazo. Desde este enfoque, la ampliación del plazo de prescripción busca ofrecer más margen a quienes, con el paso del tiempo, puedan cuestionar intervenciones realizadas durante la adolescencia.
