Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos se han mostrado este martes reacios a la anulación de una legislación que garantiza a las empresas de tecnología que operan en el país que no sean consideradas legalmente responsables de los contenidos publicados por sus usuarios.
Concretamente, los magistrados de todo el espectro ideológico han expresado su preocupación por derogar la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de los Estados Unidos, aprobada en 1996, todo ello en el marco del caso de la muerte de Nohemi González, una estudiante estadounidense de 23 años asesinada en París durante los atentados terroristas ocurridos el 13 de noviembre de 2015.
Según defiende la familia de la estudiante, así como otras asociaciones que han seguido el caso desde el punto de vista legal, los atacantes pertenecientes al Estado Islámico se radicalizaron e ingresaron en la organización terrorista viendo videos publicados en YouTube, propiedad de Google.
Por ello, la familia de la joven sostiene que la plataforma de vídeos es «parcialmente responsable» de la muerte de su hija. Ante esta acusación, los tribunales de primera instancia se pusieron del lado de Google, diciendo que la Sección 230 protege a la empresa de ser responsable por el contenido de terceros publicado en su servicio.
Los denunciantes, por su parte, han citado recientes investigaciones periodísticas que señalan que el algoritmo de YouTube y de otras redes sociales sugiere al usuario qué vídeos ver y ofrece contenidos cada vez más polarizados y radicales, lo que convierte de facto a la plataforma en legalmente responsable.
Tras la llegada del caso al alto tribunal los jueces han opinado este martes que la derogación de la norma podría llevar a una «ola de demandas» contra todo tipo de plataformas, ya que llevaría a que estas fueran penalmente responsables del contenido que publican sus usuarios, según el citado medio.
El debate sobre la Sección 230 resurge cíclicamente en el debate público estadounidense, sobre todo tras algunos episodios de odio en los que influyeron las redes sociales o tras el escándalo de filtración de datos de Cambridge Analytics de más de 50 millones de personas y que posteriormente fueron utilizados en beneficio de la campaña de Donald Trump.
Con todo, desde noviembre de 2022 los países miembros de la Unión Europea se rigen por la Ley de Servicios Digitales, la cual obliga a las redes sociales más grandes a tener una mayor responsabilidad por los contenidos problemáticos alojados en ellas, y a eliminarlos con extrema rapidez, bajo amenaza de cuantiosas multas.
