El ex primer ministro belga Elio Di Rupo, una de las figuras históricas del socialismo francófono, se enfrenta a graves acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y toma ilegal de intereses en el marco de una operación inmobiliaria vinculada al antiguo grupo Nethys/Ogeo.
La denuncia penal con constitución de parte civil fue presentada el pasado 10 de junio por el promotor inmobiliario Dominique Janne y su empresa Novo Holding. El caso gira en torno a una transacción realizada en 2018 para la venta de acciones de la sociedad inmobiliaria Land Invest.
Nethys era el brazo operativo de Publifin, un gran holding intermunicipal de Valonia encargado de gestionar distribución energética, telecomunicaciones y distintos servicios públicos. Entre 2017 y 2018, el grupo quedó en el centro de un enorme escándalo político al conocerse que altos ejecutivos vinculados al socialismo se habían concedido a sí mismos y a personas de su entorno indemnizaciones y bonificaciones millonarias, en muchos casos sin una supervisión adecuada.
Ogeo, por su parte, era el fondo de pensiones del grupo, encargado de administrar los ahorros de jubilación de empleados de estas empresas públicas. La nueva denuncia sostiene que Di Rupo habría utilizado supuestamente su influencia para facilitar la operación de Land Invest y ayudar a encubrir irregularidades en perjuicio del Estado belga y de fondos públicos de pensiones.
Las acusaciones se apoyan en grabaciones secretas realizadas por Luc Joris, exmédico personal y antiguo colaborador de Di Rupo, que ocupó varios cargos públicos dentro de cuotas del Partido Socialista.
El medio de investigación Nationale 4 publicó esas grabaciones, en las que Joris se presenta como una figura con capacidad de mediación dentro del círculo del dirigente socialista. En ellas presume de influencia y relata cómo habría conseguido subvenciones para su fundación antitabaco a través del entonces ministro de Exteriores Didier Reynders, pese a que presuntamente no tenía derecho a recibirlas.
Joris afirma también que Di Rupo evitaba sistemáticamente tratar asuntos sensibles por teléfono como medida de precaución. Sin embargo, aunque habla de irregularidades en organismos públicos donde ejerció mandatos en nombre del Partido Socialista, las grabaciones ofrecen pocos detalles concretos sobre esos hechos.
Di Rupo ha negado tajantemente todas las acusaciones. En un comunicado difundido el 11 de junio, el ex primer ministro calificó las denuncias de «escandalosas» y «completamente infundadas». El dirigente socialista anunció además que ha presentado una denuncia formal por difamación y calumnias contra Dominique Janne y Luc Joris. Según Di Rupo, las grabaciones formarían parte de un intento de chantaje.
El ex primer ministro reveló que ya había acudido a la Policía en marzo de 2024 tras recibir amenazas de chantaje desde un número francés, en las que se le exigía que detuviera «las amenazas de Joris». Di Rupo asegura que fue víctima de una operación de extorsión relacionada con esas mismas grabaciones, que afirma haber entregado entonces a las autoridades.
«No tengo nada que ocultar y defenderé mi honor con todo el vigor necesario», afirmó. Di Rupo sostiene que el caso forma parte de una maniobra deliberada para dañar su reputación y la del Partido Socialista belga.
El ex primer ministro, jefe del Gobierno belga entre 2011 y 2014, ha sido durante más de tres décadas una de las figuras más influyentes del Partido Socialista francófono. Actualmente es eurodiputado y presidente honorario del PS.
La denuncia ha provocado reacciones políticas inmediatas. El partido liberal MR ha pedido que Di Rupo comparezca ante el Parlamento valón, mientras varias figuras de la oposición reclaman una investigación parlamentaria completa.
