Las autoridades alemanas sabían desde hace meses que la red eléctrica de Berlín estaba en el punto de mira del extremismo de izquierdas.
Los planes de sabotaje figuraban negro sobre blanco en un panfleto publicado en agosto, pero nada se hizo para impedirlo. El resultado fue el apagón provocado por un ataque terrorista que este fin de semana dejó a decenas de miles de personas sin suministro eléctrico, en plena ola de frío, y sumió a amplias zonas de la capital en la oscuridad.
El ataque ha puesto de manifiesto una alarmante falta de preparación del Estado, más preocupado por hostigar a la principal fuerza de la oposición que por proteger infraestructuras críticas. Así lo denunció la copresidenta de AfD, Alice Weidel, quien calificó lo ocurrido como un «fracaso flagrante» de las autoridades de seguridad, derivado de una priorización política ideológica.
Weidel señaló directamente al canciller Friedrich Merz y a la coalición CDU-SPD, a quienes responsabilizó de la inacción. No es un hecho aislado: se trata del segundo ataque del extremismo de izquierdas contra la infraestructura eléctrica de Berlín en apenas cuatro meses, una reiteración que, según la dirigente soberanista, demuestra «adónde conduce la minimización sistemática del terrorismo de izquierdas».
El silencio institucional ha sido ensordecedor. Medios alemanes subrayaron la ausencia de reacción pública tanto de Merz como del presidente Frank-Walter Steinmeier, una discreción que muchos atribuyen a que los autores del ataque no encajan en el relato oficial sobre el extremismo.
El grupo radical Volcano Group, que reivindicó el sabotaje, justificó la acción como una supuesta «defensa» contra los ricos, a quienes acusa de dañar el medio ambiente y de fomentar el odio contra los inmigrantes. En la práctica, sin embargo, los más perjudicados han sido los berlineses corrientes, especialmente ancianos y familias vulnerables, expuestos a temperaturas extremas, a mayores riesgos de robos y a la parálisis de servicios básicos.
Para agravar la indignación, un dirigente del SPD explicó públicamente que los inmigrantes alojados en hoteles no tendrían que pagar su estancia durante el apagón, mientras que los ciudadanos locales debían asumir los costes de su propio bolsillo. Otros grupos de inmigrantes fueron evacuados fuera de las zonas afectadas, mientras residentes mayores permanecían en viviendas sin luz ni calefacción, alimentando la sensación de trato desigual.
