A pesar de los constantes avisos de las fuerzas de seguridad y de los riesgos evidentes para la población, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, liderado por la ecologista Annalena Baerbock, ha mantenido sus programas de acogida de afganos. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, el Gobierno ha trasladado a Alemania a 36.186 afganos. De ellos, sólo una pequeña parte —apenas 4.800 personas, un 13,3% del total— fue sometida a una entrevista de seguridad por parte de las autoridades alemanas.
El resto, más de 31.000 individuos, accedieron al país sin pasar controles exhaustivos. Muchos de ellos utilizaron documentos falsificados, certificados manipulados e incluso pasaportes de otras personas. Según el diario Bild, estas grietas en el sistema han generado un aumento de los casos de falsificación, usurpación de identidad y trata de personas. La propia Policía Federal ha alertado de esta situación en un memorando interno.
La situación de inseguridad provocó que los programas de recepción se suspendieran temporalmente entre marzo y junio de 2023. Sin embargo, las entrevistas de seguridad sólo se volvieron obligatorias a partir de junio de ese año. Es decir, durante casi dos años el proceso estuvo completamente descontrolado.
Desde 2013, el programa de selección de personal local ha permitido la entrada de 20.806 personas. A ello se suman otros 14.043 afganos que llegaron bajo el llamado Programa de Derechos Humanos y Puente, vigente desde 2021. Y desde octubre de 2022, otras 1.337 personas han entrado a través del Programa Federal de Acogida de Afganistán.
Lejos de rectificar, el gobierno alemán quiere seguir adelante con este modelo. El diputado socialista Ralf Stegner ha exigido que se cumplan todos los compromisos adquiridos con Afganistán. En su opinión, Alemania tiene una «obligación humanitaria» con el país, aunque eso implique continuar recibiendo afganos sin las garantías mínimas de seguridad para los ciudadanos alemanes.
