La ciudad de Ámsterdam se dispone a prohibir la publicidad exterior de combustibles fósiles y productos cárnicos en toda la ciudad, después de que los concejales votaran para endurecer las ordenanzas locales en nombre de la política climática. Según las nuevas normas, que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2026, se prohibirá la publicidad ambos productos en vallas publicitarias, paradas de autobús y otros espacios públicos. Los comercios podrán seguir anunciando sus propios productos en sus locales.
Los funcionarios municipales admiten que la medida podría llevar a Ámsterdam a los tribunales. Durante el debate del consejo, la concejala de espacios públicos Melanie van der Horst advirtió que la prohibición podría entrar en conflicto con los contratos publicitarios a largo plazo, lo que podría abrir la puerta a demandas legales por parte de los operadores.
También reconoció que la magnitud del problema es limitada. Las cifras municipales muestran que la publicidad de carne representa solo el 0,1 % de la publicidad exterior, mientras que la publicidad de combustibles fósiles representa alrededor del 4,3 %.
La decisión se basa en una medida muy publicitada de 2020, cuando Ámsterdam anunció que dejaría de permitir la publicidad de combustibles fósiles y aviación tras la renovación de los contratos. En la práctica, estos contratos suelen tener una duración de una década o más, lo que significa que los anuncios de combustibles fósiles siguieron apareciendo durante años, principalmente en estaciones de metro.
Esta vez, la ciudad ha adoptado una postura más firme. Al incorporar la prohibición directamente a la legislación pública, Ámsterdam pretende anular los acuerdos existentes e imponer las restricciones en toda la ciudad, independientemente de la duración de los contratos vigentes.
Ámsterdam sigue los pasos de otras ciudades neerlandesas, como La Haya, Utrecht, Delft y Nimega, que han adoptado prohibiciones similares en los últimos años. Varias de estas medidas ya han sido objeto de escrutinio legal, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto pueden las autoridades locales restringir la publicidad legal sin verse obligadas a pagar una compensación.