Mientras la Comisión Europea guarda silencio institucional desde hace más de seis meses, la Justicia belga avanza en el que ya es calificado como el mayor caso de blanqueo de dinero en la historia reciente del país: el llamado Reyndersgate. En el centro de la trama se encuentra una figura tan simbólica como irónica: el excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, encargado hasta hace poco de «vigilar el Estado de derecho», de impulsar procesos sancionadores contra gobiernos soberanistas como los de Polonia y Hungría, y de mediar para el reparto
Reynders, liberal vinculado al partido MR y al grupo Renew Europe, está acusado de haber blanqueado al menos un millón de euros durante una década, utilizando como vehículo la Lotería Nacional, que controlaba cuando fue ministro de Finanzas en los años 2000.
Todo estalló en diciembre pasado, cuando tras concluir su mandato como comisario europeo y perder su inmunidad diplomática sus propiedades fueron registradas por orden de la Fiscalía belga. Desde entonces, el caso no ha hecho más que crecer. Reynders niega los hechos, pero Bruselas se aferra al mutismo absoluto.
Según nuevas revelaciones publicadas por Follow the Money y otros medios de investigación, la presunta red de corrupción se extiende más allá de la Lotería. En junio, la policía belga registró las propiedades de Jean-Claude Fontinoy, expresidente de los Ferrocarriles Belgas y mano derecha de Reynders durante años. También fue allanada la casa y tienda del anticuario Olivier Theunissen, íntimo del círculo y habitual en los negocios de Fontinoy.
Aunque ambos aún no han sido imputados, todo apunta a que serán claves en la instrucción. Fontinoy arrastra múltiples sospechas: desde aprobar costosas y opacas renovaciones en estaciones ferroviarias, hasta colaborar irregularmente en campañas electorales de Reynders y amasar, en poco tiempo, uno de los mayores patrimonios inmobiliarios del país.
El papel de Theunissen, aunque más difuso, no es menor. Cercano a Fontinoy y al propio Reynders, fue además juez consular, figura reservada a empresarios sin formación jurídica, con influencia en disputas comerciales.
La Comisión de Von der Leyen no ha emitido ninguna declaración pese a la gravedad del escándalo y a que el implicado fue uno de sus máximos representantes. La situación pone en evidencia una doble vara de medir: mientras se persigue políticamente a gobiernos soberanistas por «falta de independencia judicial», se encubre a uno de los rostros más poderosos del aparato liberal de Bruselas.
