Bradford, una ciudad industrial del norte de Inglaterra situada en el condado de Yorkshire Occidental, se ha convertido en un ejemplo paradigmático del fracaso del modelo multicultural británico. Mientras las autoridades y comisiones oficiales repiten mantras sobre «descubrir lo que nos une» para «evitar divisiones», la realidad sobre el terreno es otra muy diferente.
Una parte considerable de la población de Bradford está compuesta por la diáspora mirpuri, originaria de Pakistán. Lejos de integrarse, esta comunidad ha levantado guetos autosuficientes en los que la vida diaria transcurre según normas y costumbres ajenas a la sociedad británica. No existe apenas contacto social con los no musulmanes. El idioma, la vestimenta, la religión, las estructuras familiares, la economía e incluso la política se organizan de forma paralela, fuera del marco institucional del país anfitrión.
El idioma inglés es marginado en muchos hogares, especialmente entre las mujeres, que en numerosos casos no lo hablan en absoluto. Las calles y edificios públicos se llenan de carteles en lenguas extranjeras, y se exige al Estado la provisión de traductores e intérpretes. La comunidad practica el islam con una creciente radicalización en las formas externas: hiyab, abayas, nikabs y burkas son habituales entre las mujeres, mientras los hombres visten de forma tradicional, con el shalwar kameez y la takiyah. Esta estética religiosa se impone incluso entre inmigrantes de segunda y tercera generación.
Las festividades religiosas musulmanas son celebradas en la vía pública, con pancartas y decoraciones costeadas con fondos públicos. Las exigencias a las instituciones incluyen desde salas de oración hasta excepciones a la normativa de sacrificio de animales para producir carne halal. Mientras tanto, quienes se atreven a cuestionar estas imposiciones, desde escritores hasta profesores, son tachados de islamófobos, perseguidos o directamente forzados a desaparecer de la vida pública.
Las mezquitas no solo actúan como lugares de culto: son también centros sociales, políticos y educativos. Albergan madrasas —escuelas islámicas—, tribunales religiosos y sirven como punto de referencia para la organización de los baradari, clanes familiares que ejercen un poder determinante en la vida comunitaria. Esta estructura tribal tiene implicaciones directas en la política británica. En muchos distritos, los baradari imponen un sistema de voto en bloque, donde los líderes deciden a qué candidato debe apoyar toda la comunidad, anulando el criterio individual. Este control se extiende al uso del voto por correo, a menudo manipulado por los jefes de familia, y a campañas electorales dirigidas exclusivamente en lenguas extranjeras. Los concejales y diputados elegidos por estos clanes no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que actúan como delegados sectarios, defendiendo intereses religiosos o comunitarios muy concretos, incluso por encima de las prioridades locales o nacionales.
En paralelo, se han desarrollado microeconomías comunitarias que no sólo operan fuera del sistema británico, sino que en muchos casos entran directamente en conflicto con la legalidad. «Transferencias de dinero no reguladas, tiendas con etiquetado ilegal, mercados callejeros clandestinos y bancos comunitarios ajenos al sistema financiero occidental son sólo algunos ejemplos», detalla Turbulent Times.
La criminalidad asociada a estas comunidades es otro de los tabúes que rara vez se mencionan. Los miembros de los baradari están sobrerrepresentados en delitos como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y, especialmente, en la explotación sexual en grupo de menores británicas, como han documentado los casos de Rotherham, Rochdale o Telford.
A nivel cultural, se promueve una educación religiosa paralela, con escasa o nula identificación con la historia o los valores del Reino Unido. La mayoría no participa en eventos deportivos, sociales o culturales de su ciudad. En lugar de integrarse, crean sus propios medios de comunicación, su propia música, su propia política y sus propios referentes.
El caso de Bradford muestra cómo la falta de integración real ha permitido la formación de comunidades cerradas que operan al margen de las normas británicas. Lejos de adaptarse, imponen estructuras tribales que distorsionan el sistema político y socavan la cohesión social.
