La Comisión Europea ha aprobado una nueva partida de 63 millones de euros en «ayudas humanitarias» para Birmania y para los refugiados rohingya asentados en Bangladesh, una decisión que vuelve a situar a Bruselas en el centro de la polémica por destinar recursos millonarios fuera de Europa mientras se multiplican las carencias internas en seguridad, control migratorio y servicios públicos.
Del total aprobado, 38,6 millones de euros se destinarán a Birmania, cinco años después del golpe militar que sumió al país en una guerra civil permanente. Según el Ejecutivo comunitario, los fondos servirán para financiar asistencia alimentaria, refugio para desplazados internos, acceso a agua potable, atención sanitaria, educación de emergencia y programas de concienciación sobre minas terrestres.
Los 23,4 millones restantes irán a parar a Bangladesh, donde residen alrededor de 1,2 millones de rohingya, concentrados principalmente en el área de Cox’s Bazar. En este caso, la ayuda se dirigirá al mantenimiento de campamentos, alimentación, sanidad básica, educación y saneamiento, además de apoyo a las comunidades locales que los acogen.
Bruselas justifica esta inyección de dinero público alegando el agravamiento de la crisis humanitaria en Birmania tras el terremoto de marzo de 2025 y el aumento de los desplazamientos forzosos. Sin embargo, la decisión reabre el debate sobre las prioridades reales de la Unión Europea, que continúa financiando crisis lejanas mientras reduce presupuestos clave dentro de sus propias fronteras.
La financiación se canalizará, como es habitual, a través de ONG internacionales y agencias de Naciones Unidas, un modelo que ha sido reiteradamente criticado por su falta de control efectivo, opacidad y escasa rendición de cuentas, y que ha convertido a estas organizaciones en intermediarios permanentes de fondos europeos.
Mientras tanto, en Europa crecen las tensiones sociales vinculadas a la inmigración masiva, se recortan partidas en seguridad interior y se traslada a los Estados miembros la carga de gestionar flujos migratorios que Bruselas es incapaz de frenar. Aun así, la Comisión insiste en priorizar el gasto exterior, incluso cuando reconoce que muchos refugiados rohingya utilizan estos campamentos como punto de partida para nuevas rutas migratorias hacia el Sudeste Asiático.
La asignación forma parte del paquete inicial de ayuda humanitaria de la UE para 2026 en el Sur y Sudeste Asiático, y llega en un momento en el que los contribuyentes europeos soportan una presión fiscal creciente, sin que Bruselas ofrezca garantías claras de que estos millones tengan un impacto real o contribuyan a la estabilidad a largo plazo de la región.
