El Parlamento Europeo ha reabierto su ofensiva política contra Hungría al aprobar este miércoles un nuevo informe dentro del procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el mecanismo que podría suspender los derechos de voto del país en el Consejo Europeo.
El texto, elaborado por la eurodiputada verde Tineke Strik, fue aprobado por la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) con 51 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones, y acusa a Hungría de haberse convertido en un «régimen híbrido de autocracia electoral». La resolución insta a los Estados miembros a avanzar en el procedimiento sancionador, pese a que para imponer medidas concretas sería necesario el voto unánime del Consejo, un escenario políticamente improbable.
El informe repite las acusaciones habituales (y falsas) de «retroceso democrático» y falta de independencia judicial. Desde el Gobierno húngaro y el partido Fidesz, la votación se considera una nueva maniobra ideológica. La eurodiputada Kinga Gál denunció en X que se trata de «otro paso vergonzoso en la serie de ataques políticos contra Hungría», motivados por su negativa a enviar armas a Ucrania, aceptar inmigrantes ilegales o imponer la ideología de género en las escuelas.
Su compañero András László señaló que el Parlamento «pretende ser juez, fiscal y jurado al mismo tiempo» y recordó que varios de los asuntos mencionados en el informe —como la educación, la familia o la política exterior— no son competencia de la UE, sino de los Estados soberanos.
El conflicto entre Bruselas y Budapest se ha intensificado tras las leyes húngaras para proteger a los menores del lobby LGTBi y los activistas de género. La UE mantiene bloqueados más de 18.000 millones de euros de Hungría en fondos europeos, oficialmente por «preocupaciones sobre el Estado de derecho», aunque en la práctica la retención se ha convertido en un instrumento de presión política contra el Ejecutivo soberanista.
Mientras el Parlamento Europeo multiplica sus ataques a un Estado miembro democráticamente elegido, la propia Unión enfrenta una crisis de legitimidad: investigaciones por sobornos, tráfico de influencias y manipulación institucional alcanzan a figuras de primer nivel de Bruselas. El nuevo informe confirma que el conflicto entre el soberanismo húngaro y el federalismo bruselense ya no es sólo jurídico.
