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TEME LA EXPANSIÓN DEL RÉGIMEN DE XI JINPING

Bruselas presenta ahora una propuesta para vigilar las inversiones de China en sectores estratégicos europeos

Ursula Von der Leyen. Europa Press

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta legislativa para reforzar el control de las inversiones extranjeras que pide una vigilancia más estrecha de los inversores de terceros países como China en sectores clave de la Unión Europea.

Entre las inversiones extranjeras que podría cubrir la nueva ley se encuentra, por ejemplo, la irrupción del grupo saudí STC en el accionariado de Telefónica con la adquisición de un 9,9% del capital social de la compañía por 2.100 millones de euros.

La norma forma parte de un paquete más amplio de seguridad económica que plantea también el seguimiento y evaluación del riesgo de las inversiones en el exterior; controles más eficaces de exportaciones de productos de doble uso; un Libro Blanco sobre refuerzo del apoyo a la investigación y el desarrollo de tecnologías con potencial de doble uso y una propuesta de recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de la investigación.

La Comisión ha advertido de que algunas inversiones extranjeras pueden presentar riesgos para la seguridad y el orden público de la UE y después de examinar más de 1.200 operaciones de inversión extranjera directa notificadas por los Estados miembro en los últimos tres años, pretende abordar con esta propuesta las deficiencias existentes.

«La UE no puede ser el patio de recreo de los grandes jugadores, tenemos que ser capaces de jugar nosotros mismos», ha destacado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que ha defendido el principio de que el mercado comunitario sea «tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario».

De este modo, las nuevas normas buscan garantizar que todos los Estados miembro dispongan de un mecanismo de selección, con normas nacionales mejor armonizadas; determinar un ámbito sectorial mínimo en el que todos los países de la UE deban examinar las inversiones extranjeras; y ampliar la vigilancia de inversores de la UE controlados, en última instancia, por particulares o empresas de terceros países.

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