Los ministros digitales de la Unión Europea acordaron el pasado viernes, 10 de octubre, la llamada «Declaración de Jutlandia«, un documento político no vinculante que sienta las bases para la implantación de un sistema de verificación de edad obligatorio en toda la UE. La medida, que oficialmente busca «proteger a los menores de contenidos nocivos», obligaría en la práctica a todos los usuarios —incluidos los adultos— a identificarse antes de acceder a plataformas como YouTube, Telegram o Snapchat.
El texto, adoptado en una reunión en Horsens (Dinamarca) bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE, lleva por título completo «The Jutland Declaration: Shaping a Safe Online World for Minors». Según sus promotores, se trata de «dar un paso más» tras la entrada en vigor del Digital Services Act (DSA), la normativa europea que ya obliga a las grandes plataformas a retirar contenidos ilegales y justificar sus sistemas de moderación.
Los ministros sostienen que el marco actual es insuficiente y que los menores están «expuestos a contenidos ilegales, dañinos o extremistas», por lo que abogan por «una protección más fuerte y dirigida». La solución propuesta: implantar verificaciones de edad «eficaces y confiables«, comparando la medida con los controles de identidad aplicados en el mundo físico. «Sin una verificación de edad adecuada, es imposible impedir que las redes sociales muestren a menores contenido diseñado para adultos», reza el documento.
Aunque la declaración no tiene fuerza legal, marca la dirección de la próxima gran regulación digital europea, el Digital Fairness Act, previsto para comienzos de 2026. Esta norma podría hacer obligatoria la identificación personal para acceder a servicios digitales, poniendo fin al anonimato en gran parte de Internet y dando a las plataformas privadas un poder sin precedentes sobre los datos de los ciudadanos.
La ministra digital danesa, Caroline Stage Olsen, defendió la medida como un «paso necesario para proteger a los menores”, mientras su Gobierno prepara incluso una ley nacional para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. “El bienestar de los niños está en riesgo en una realidad digital adictiva», justificó.
La Comisión Europea, por su parte, ha solicitado ya a Snapchat, YouTube, Google y Apple que detallen sus métodos actuales de verificación de edad y sus políticas para restringir contenidos «inapropiados».
Sin embargo, Bélgica y Estonia se negaron a firmar el texto, advirtiendo que podría abrir la puerta a un sistema de vigilancia masiva y censura preventiva. Ambos gobiernos alertaron de que exigir identificación universal a todos los usuarios “va más allá de la protección infantil y pone en riesgo la privacidad de millones de europeos”.
