Los ministros de Interior de la Unión Europea abordan este jueves los avances en la negociación del Pacto de Migración y Asilo, en una semana marcada por dos atentados terroristas en Francia y Bélgica. Estos últimos atentado han enfocado el debate en la necesidad de agilizar las deportaciones de inmigrantes ilegales sin derecho a asilo en la Unión Europea, en especial de aquellos con antecedentes.
A su llegada a una reunión a 27 en Luxemburgo, la ministra belga de Interior, Annelies Verlinden, y el titular de Justicia sueco, Gunnar Strommer, han evocado el atentado del pasado lunes en Bruselas en el que un tunecino que llevaba años en situación irregular en Bélgica asesinó a dos ciudadanos suecos en nombre del Estado Islámico. A juicio de Verlinden es momento de dar un «impulso» a la agilización de las deportaciones y de unir a los países de la UE en una «única voz fuerte» para negociar con los países de origen o tránsito que faciliten estos retornos.
El sueco Strommer, por su parte, ha pedido «aprender las lecciones» que dejan el atentado de Bruselas, después de que se haya constatado que el asaltante llegó a la UE de manera irregular en 2011 a través de Italia y que años más tarde fue expulsado de Suecia. Ya en Bélgica, las autoridades ignoraron los avisos de un servicio de inteligencia extranjero sobre los antecedentes de esta persona y tampoco valoraron como peligroso un informe sobre su radicalización en 2016, aunque en 2020 le denegaron el derecho de asilo y dictaron una orden de expulsión que no llegó a llevarse a cabo.
En este contexto, el ministro de Interior francés, Gerald Darmanin, ha apuntado que la amenaza terrorista en la UE ya no proviene tanto de grupos organizados como de «personas que están en nuestro territorio, a menudo de nacionalidad extranjera, y que se autoradicalizan en Internet o en contacto con asociaciones encubiertas de caridad».
Por ello, el político galo ha insistido en la necesidad de sacar adelante la reforma de la política común de inmigración y asilo que tiene entre sus claves el refuerzo de las fronteras, registrar a quienes llegan de manera irregular y agilizar las expulsiones de quienes suponen una amenaza para el bloque.
