La Comisión Europea ha publicado este martes su informe anual sobre el Estado de Derecho, un documento que examina la situación en cada Estado miembro y emite recomendaciones. Sin embargo, en el caso de España, Bruselas ha vuelto a pasar por alto los graves escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez, así como las constantes denuncias sobre el deterioro del Estado de Derecho. Este silencio se produce a pesar de las reiteradas advertencias de jueces, fiscales y organizaciones civiles sobre la deriva autoritaria del Ejecutivo socialista.
El documento, de 29 páginas, destaca por la ausencia de cualquier reproche a los casos concretos de corrupción que afectan directamente al Gobierno. Entre sus recomendaciones para España, la Comisión evita por completo mencionar ni uno solo de los contratos irregulares que investiga la justicia —varios de ellos por adjudicaciones millonarias durante la pandemia— ni tampoco alude a las denuncias sobre la manipulación de instituciones clave para garantizar la separación de poderes. Al contrario, subraya el «avance» en el refuerzo del estatuto del fiscal general del Estado y en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de que el propio fiscal general está imputado y de que la reforma del CGPJ ha sido duramente cuestionada por asociaciones de jueces y fiscales.
La única referencia a la «corrupción de alto nivel» en España se limita a señalar que se han «solucionado escollos relativos a la duración de las investigaciones», eludiendo cualquier mención a los casos que afectan al Ejecutivo. El informe incluso subraya que «se han tomado medidas para promover los principios del Estado de Derecho», en un reconocimiento que contrasta con las preocupaciones expresadas por numerosos actores nacionales e internacionales sobre los ataques del Gobierno a jueces, periodistas y opositores.
Al abordar la cuestión de la independencia judicial, Bruselas pasa de puntillas sobre el proyecto de ley que pretendía someter a los jueces al control político —una iniciativa impulsada por el propio PSOE— y apenas cita las críticas de jueces y fiscales a las «declaraciones públicas de políticos y activistas contra ellos», sin identificar claramente al Gobierno como responsable. En cambio, al tratar las presiones sobre los medios de comunicación, sí se apunta que algunos «activistas políticos acreditados como periodistas en las Cortes abusan de su condición para impedir el trabajo de otros periodistas», omitiendo el control directo que ejerce el Ejecutivo sobre RTVE. Sobre la radiotelevisión pública, el informe recoge algunas voces críticas pero evita condenar la reforma legal que ha permitido al Gobierno su asalto definitivo.
En materia de corrupción, aunque el texto admite que «los ciudadanos consideran que el nivel de corrupción es alto» y que «el riesgo de corrupción en la contratación pública sigue siendo alto», no pasa de ser un reflejo demoscópico, sin una sola valoración jurídica o política sobre las causas ni referencia alguna a los contratos bajo sospecha que implican a ministros y altos cargos del PSOE. Al contrario, el informe dedica un apartado específico a destacar «las acciones realizadas en el ámbito de prevención de la corrupción», subrayando «la organización de talleres, seminarios y actividades formativas», mientras ignora los indicios de corrupción institucional que afectan al Ejecutivo.
Igualmente, se da cuenta del fuerte incremento de la publicidad institucional, una herramienta clave del Gobierno para reforzar su red clientelar, pero tampoco hay reproche alguno por este uso intensivo de recursos públicos con fines propagandísticos. En su lugar, la Comisión se limita a enumerar datos sin formular conclusiones críticas.
Este nuevo informe evidencia la doble vara de medir de las instituciones europeas, incapaces de señalar las prácticas antidemocráticas de un Gobierno socialista al que brindan un respaldo tácito. Cabe recordar que en septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre el Estado de Derecho en la Unión —con el voto a favor de los eurodiputados españoles de PP y PSOE en el cual tampoco se incluía ni una sola mención a la corrupción ni a los ataques al Poder Judicial perpetrados por Sánchez.
Mientras Bruselas felicita al Gobierno por «promover los principios del Estado de Derecho» y por organizar «seminarios anticorrupción», España asiste a una preocupante degradación institucional.
