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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Bruselas estudia retirar el derecho a voto de Polonia en la UE

La Comisión Europea (CE) debatirá este miércoles si aplica el artículo 7 de los tratados europeos a Polonia por su polémica reforma judicial, un mecanismo previsto para responder a rupturas del Estado de derecho en los países europeos que puede resultar en la retirada de su derecho a voto en la UE.
«La Comisión está preparando (este debate) como siempre nos preparamos, de forma calmada, basándonos en hechos y en evidencias, sin ninguna sobreexpectación o influencia», afirmó el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la institución.
El pasado 26 de julio Bruselas dio a Varsovia un plazo de un mes para rectificar sus reformas del sistema judicial, que a juicio de la Comisión ponen en riesgo el Estado de derecho.
Entre otros aspectos, la reforma permite al ministro polaco de Justicia, quien también es fiscal general, el nombramiento de magistrados en tribunales regionales y de apelación.
La Comisión Europea emitió tres advertencias y recomendaciones hacia las autoridades polacas entre 2016 y 2017 y puso sobre la mesa la posibilidad de activar el artículo 7 el pasado verano, si bien Schinas declinó hoy emitir ningún juicio previo a la reunión de los comisarios europeos del próximo miércoles.
La activación del artículo 7, conocido como la «opción nuclear» y que nunca se ha llegado a usar, podría suponer en última instancia la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), que representa a los países.
Pese a que la aprobación de este tipo de sanción requiere la unanimidad de todos los Estados miembros, la apertura de la advertencia formal puede salir adelante con cuatro quintas partes de los países.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado noviembre que el Consejo aborde una posible aplicación de sanciones contra Polonia si Varsovia no garantiza la separación de poderes que exigen los tratados europeos.
 

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