La policía británica arrestó en 2023 a alrededor de 12.183 personas por publicar mensajes «ofensivos» en redes sociales. En concreto, esto equivale a unas 33 detenciones diarias, según datos oficiales obtenidos por The Times, una cifra incluso superior a la registrada en regímenes autoritarios. Por ejemplo, Turquía, con 9.314 detenciones catalogadas como “actos de terrorismo” en redes, Bielorrusia con unas 6.000, o incluso China, que mantiene un férreo control en internet, admitieron cifras más bajas.
Así, el Reino Unido encabeza la lista mundial de persecución de opiniones en internet, muy por delante incluso de países como Irán o Arabia Saudita.
El auge de estas detenciones se ampara en leyes muy amplias. Según la Communications Act 2003 (sección 127) y la Malicious Communications Act 1988, es ilegal enviar por medios electrónicos cualquier mensaje «gravemente ofensivo» o de carácter «indecente, obsceno o amenazante». Son definiciones vagas que pueden aplicarse de manera arbitraria: desde insultar a alguien hasta bromear sobre temas polémicos. Grupos civiles advierten de que así se persiguen opiniones cuyo único «delito» es generar «molestia o ansiedad».
Linehan y los mensajes antiinmigración
La represión digital ha alcanzado incluso a personajes públicos. En septiembre de 2025, el guionista irlandés Graham Linehan –creador de las series Father Ted y The IT Crowd– fue detenido en el aeropuerto de Heathrow por tres publicaciones en redes sobre personas transgénero. Según The Guardian, sus tuits cuestionaban que un “hombre transgénero” utilizara espacios femeninos, sugiriendo incluso llamar a la Policía. La noticia del arresto desató una oleada de críticas internacionales: figuras como la escritora J.K. Rowling lo calificaron de absurdo y otros denunciaron que el Reino Unido se está convirtiendo en un «Estado policial».
En otro caso muy mediático, Lucy Connolly, madre de familia británica, fue condenada en 2024 a 31 meses de prisión por publicar en Twitter un mensaje tras los asesinatos en Southport a manos de un hombre de origen inmigrante. En su tuit exigía «deportaciones masivas» y pedía «prenderle fuego a los hoteles» donde se alojaban inmigrantes ilegales. Aunque intentó justificarse alegando indignación, los tribunales la sentenciaron por incitación al odio racial.
No sólo escritores o políticos se ven afectados: se han producido arrestos contra padres. Por ejemplo, una pareja de Borehamwood fue detenida en enero tras intercambiar quejas sobre la gestión escolar en un grupo privado de WhatsApp. La Policía intervino acusándolos de «acoso» y «comunicación maliciosa».
En lugar de limitarse a perseguir delitos claros, las fuerzas del orden han interiorizado que ofenderse basta para detener a alguien. Algunos responsables políticos británicos ya han dicho que esta situación debe revisarse; incluso desde el extranjero alertan del peligro: el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, denunció en 2024 que el Reino Unido transita un “camino muy oscuro” que está erosionando su propia libertad de expresión.
