Portugal está marcando un antes y un después en su lucha contra la inmigración ilegal, con medidas que reflejan un cambio de rumbo hacia un control migratorio más estricto. El Gobierno en funciones de Alianza Democrática (AD) anunció que notificará a 30.000 inmigrantes ilegales que deberán abandonar el país voluntariamente. Este impulso responde a la presión y las iniciativas del partido CHEGA, cuya postura firme contra la inmigración ilegal es respaldada por una mayoría de los portugueses y ha transformado el panorama político portugués.
El partido liderado por André Ventura desde su irrupción en 2019 ha defendido un control riguroso de la inmigración ilegal, alertando sobre sus riesgos para la seguridad y la cohesión social. En su programa electoral, CHEGA propuso medidas como la revisión inmediata de los permisos de residencia y la expulsión de quienes no cumplan con la legislación, propuestas que han resonado en un electorado cada vez más preocupado por el descontrol migratorio.
El reciente éxito electoral de CHEGA, que logró un histórico 22,6% de los votos en las elecciones de mayo, rompiendo el bipartidismo tradicional, ha obligado al Gobierno de Montenegro a actuar con mayor decisión. La eliminación de la «manifestación de interés» en junio de 2024, un mecanismo que permitía a personas con un año de cotizaciones a la Seguridad Social solicitar la residencia, es un claro ejemplo de cómo las ideas de CHEGA han permeado algunas políticas de la AD.
Además, CHEGA ha influido en el debate público al vincular la inmigración ilegal con la delincuencia organizada. Su discurso, que combina la defensa de la legalidad con la protección de los intereses nacionales, ha dado frutos políticos, posicionando al partido como una fuerza ineludible en la Asamblea portuguesa.
Las medidas, impulsadas en gran medida por CHEGA, merecen un reconocimiento por su enfoque integral. El desmantelamiento de redes criminales protege a los inmigrantes de la explotación y refuerza la seguridad nacional, un objetivo que CHEGA ha defendido con vehemencia.
España camina en dirección opuesta
Portugal se suma así a países como Italia y Dinamarca, que han implementado políticas migratorias estrictas para controlar sus fronteras. Italia, bajo Giorgia Meloni, ha fortalecido la vigilancia marítima y los acuerdos con países de origen, mientras Dinamarca ha limitado beneficios sociales para inmigrantes y agilizado deportaciones. En ambos casos, la prioridad es desincentivar la inmigración ilegal, un objetivo que CHEGA ha colocado en el centro del debate portugués.
En contraste, España parece avanzar en dirección opuesta. Las políticas de regularización masiva y la percepción de una aplicación laxa de las leyes migratorias han generado un efecto llamada sin precedentes históricos. El país enfrenta un aumento constante de llegadas ilegales, especialmente a través del Mediterráneo y Canarias, lo que tensiona todos los recursos públicos.
