«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
quieren modificar la Convención Europea de Derechos Humanos

Italia y Dinamarca piden a la UE mayor margen a los Estados miembros para expulsar inmigrantes ilegales con delitos graves

Mette Frederiksen y Giorgia Meloni.

Italia, bajo el liderazgo de la primera ministra, Giorgia Meloni, se ha posicionado como un referente en Europa en la lucha contra la inmigración ilegal. Desde su llegada al poder en 2022, el gobierno italiano ha implementado políticas firmes para reducir los flujos migratorios ilegales, logrando resultados significativos que han captado la atención de otros países europeos.

Ahora, Italia impulsa iniciativas de cooperación internacional, como la reciente carta promovida junto a Dinamarca en la Unión Europea, para abordar los desafíos de la inmigración ilegal desde una perspectiva conjunta y pragmática. Estas medidas reflejan un enfoque crítico hacia la inmigración descontrolada, priorizando la seguridad, el orden público y la soberanía nacional, sin comprometer los valores humanitarios europeos.

Nueva iniciativa europea para reforzar el control migratorio

Este 22 de mayo de 2025, Italia y Dinamarca presentaron una carta en la Unión Europea, respaldada por otros siete países, que busca modificar la Convención Europea de Derechos Humanos y otros textos legales para otorgar mayor margen a los Estados miembros en la expulsión de inmigrantes con delitos graves. En una rueda de prensa conjunta, Meloni, acompañada por su homóloga danesa Mette Frederiksen, subrayó la necesidad de actualizar los marcos legales europeos: «Queremos abrir el debate público sobre algunas convenciones europeas y la capacidad que tienen hoy, tras varias décadas de su firma, de afrontar los grandes temas de nuestro tiempo, partiendo de la inmigración». La primera ministra italiana enfatizó que el objetivo no es debilitar los valores europeos, sino «reforzarlos» para hacerlos «más capaces para responder a los problemas» actuales.

La propuesta aboga por otorgar a los países «más margen» para expulsar a ciudadanos extranjeros culpables de delitos graves, violentos o relacionados con el narcotráfico. Meloni destacó que la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en 1953, ha impedido en ocasiones la deportación de inmigrantes «manchados con delitos graves», lo que pone en cuestión su efectividad para responder a las demandas de seguridad de los ciudadanos europeos. En este sentido, la iniciativa ítalo-danesa plantea medidas concretas: «Necesitamos más libertad para decidir cómo nuestras autoridades pueden rastrear, por ejemplo, a los criminales extranjeros que no pueden ser deportados de nuestros territorios (…) Necesitamos ser capaces de adoptar medidas hostiles y efectivas para contrarrestar a los Estados que intentan utilizar nuestros valores y derechos contra nosotros, por ejemplo, instrumentalizando a los migrantes en nuestras fronteras».

Esta postura crítica hacia la inmigración ilegal resuena con el sentir de muchos ciudadanos, preocupados por el aumento de la delincuencia asociada a flujos migratorios descontrolados. Meloni ha señalado que Italia no sólo busca proteger sus fronteras, sino también liderar un cambio en el enfoque europeo hacia la inmigración, promoviendo una cooperación que combine seguridad y pragmatismo.

Un modelo de éxito en la reducción de la inmigración ilegal

Desde que Giorgia Meloni asumió el cargo, Italia ha implementado un conjunto de medidas para frenar la inmigración ilegal, que han demostrado ser efectivas. Entre ellas destacan el fortalecimiento de los controles marítimos, la cooperación con países de origen y tránsito, y la creación de centros de repatriación en terceros países, como los controvertidos centros en Albania, cuya legalidad está pendiente de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, el gobierno ha aprobado decretos que facilitan la inspección de dispositivos móviles de los inmigrantes ilegales para verificar su identidad y origen, así como listas de países «seguros» para agilizar repatriaciones.

Los datos oficiales del gobierno italiano reflejan el impacto de estas políticas. En 2023, hasta el 22 de mayo, Italia registró 46.614 llegadas de inmigrantes ilegales. Esta cifra se redujo drásticamente a 19.251 en el mismo período de 2024, un descenso del 62 por ciento. Para 2025, la cifra ha aumentado ligeramente a 21.537 hasta el 22 de mayo, pero sigue siendo notablemente inferior a los niveles de 2023, consolidando la tendencia a la baja. Este éxito se atribuye a la combinación de medidas disuasorias, acuerdos internacionales y una mayor coordinación con las autoridades marítimas.

Un aspecto particularmente relevante es la reducción de los menores no acompañados (menas) que llegan ilegalmente a Italia. En 2023, se registraron 18.820 menas desembarcados hasta el 31 de diciembre, una cifra que cayó a 8.043 en 2024, y a sólo 3.228 hasta el 22 de mayo de 2025. Esta disminución, que representa una caída de más del 80 por ciento desde 2023, refleja la eficacia de las políticas de Meloni para desincentivar la inmigración ilegal de menores. Estas cifras no sólo evidencian un control más efectivo de las fronteras, sino también un enfoque orientado a desmantelar las redes criminales que lucran con la inmigración ilegal.

Un liderazgo crítico y necesario en Europa

La postura de Italia bajo el liderazgo de Meloni responde a una preocupación compartida por muchos europeos: la necesidad de equilibrar los principios humanitarios con la seguridad y la sostenibilidad de los sistemas migratorios. En 2023, Meloni ya advertía sobre la insostenibilidad de los flujos migratorios: «Italia y Europa no pueden acoger a esta masa enorme de personas, particularmente cuando el flujo migratorio es gestionado por traficantes sin escrúpulos». Este mensaje, reiterado en múltiples ocasiones, subraya la importancia de combatir a las mafias que explotan la desesperación de algunos inmigrantes ilegales, un punto que ha encontrado eco en países como Dinamarca, Austria y Países Bajos, que apoyan medidas más estrictas.

La iniciativa ítalo-danesa no sólo busca reformar las leyes europeas, sino también enviar un mensaje claro: la inmigración ilegal no puede ser instrumentalizada por terceros países ni por redes criminales. Como señaló Meloni, los Estados europeos deben tener herramientas para contrarrestar a aquellos que «intentan utilizar nuestros valores y derechos contra nosotros». Este enfoque crítico, lejos de ser xenófobo, pone el foco en la protección de las sociedades europeas y en la creación de un sistema migratorio ordenado y justo.

Un modelo a seguir

Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, no sólo ha logrado reducir significativamente la inmigración ilegal en su territorio, sino que también está marcando el camino para una Europa más segura y soberana. Las cifras hablan por sí solas: una caída del 62% en las llegadas ilegales desde 2023 y una reducción drástica en los menores no acompañados son prueba de que las políticas firmes y bien ejecutadas pueden dar resultados. A través de su iniciativa junto a Dinamarca y otros países, Italia proyecta su modelo al escenario europeo, abogando por un enfoque que combine cooperación internacional, seguridad y respeto por los valores europeos. En un contexto de crecientes desafíos migratorios, el liderazgo italiano se erige como un ejemplo de cómo abordar la inmigración ilegal con determinación y pragmatismo, ofreciendo una alternativa viable a las políticas permisivas que han generado tensiones en el continente.

+ en
Fondo newsletter