Los números no salen, por más que nos hayan vendido que los inmigrantes ilegales que llegan masivamente de países del Tercer Mundo lo hacen «para pagar nuestras pensiones», que ofrecen un resultado neto positivo, una fantasía cuya falsedad está comprobando ahora mismo Alemania.
El Gobierno izquierdista de coalición tiene ahora que reconocer que ha «calculado mal» miles de millones de euros en prestaciones sociales directas, el llamado ‘Bürgergeld’, al estimarlas inicialmente en 36.000 millones de euros, muy por debajo de los 46.000 millones de euros que realmente se requieren.
«La inmigración no funciona, ni siquiera económicamente. Y si se hiciera una diferenciación entre los alemanes en función de su origen migratorio, el panorama sería aún más desolador», escribió en X el eurodiputado soberanista Maximilian Krah, que compartió un gráfico mostrando el verdadero reparto de las prestaciones sociales en Alemania.
Krah reaccionaba así a los documentos publicados por el periódico Bild, revelando que el Ministerio de Trabajo alemán estima que en el «presupuesto 2025», fechado en agosto de 2024, una media de 2,9 millones de personas necesitarán ayuda de sus padres. Y que se calcula en 46.000 millones de euros el gasto en manutención y alojamiento asciendan, muy por encima de los 36.000 millones de euros previstos.
La enorme discrepancia ha provocado un comprensible revuelo, aunque el ministro de Trabajo de Hubertus Heil asegura que los datos publicados «basan metodológicamente en varias suposiciones falsas… Por ejemplo, una parte significativa de los costos de alojamiento deben ser cubiertos por los municipios y, por lo tanto, no son relevantes para el presupuesto federal en la cantidad indicada».
El dinero que cuestan los ilegales al contribuyente alemán es el tema político del momento, y no sólo por la enormidad de las sumas que se gastan, sino también porque la economía alemana no pasa por su momento más brillante y por el hecho mismo de que sean extranjeros los que se lleven la parte del león de lo que irónicamente se llama ‘Bürgergeld’. En concreto, más de la mitad de las prestaciones sociales van a parar a extranjeros, y buena parte del resto van a ciudadanos alemanes con antecedentes migratorios.
El Tribunal de Cuentas Federal también cuestionó el presupuesto presentado por Heil, afirmando que las cifras del Ministerio de Trabajo sólo podrían cumplirse si «600.000 personas con derecho a prestaciones dejarán de recibirlas» en 2025. Los expertos se quejaron en su momento de que esto «no era muy realista». Por su parte, el vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU, Jens Spahn, considera que el asunto «raya en el engaño deliberado». Incluso en el seno de la coalición de gobierno, el FDP criticó las cifras.
Las declaraciones más duras, sin embargo, llegaron de la Alternativa para Alemania (AfD), que afirmó en redes sociales: «El ministro de Trabajo Hubertus Heil (SPD) presenta de repente un nuevo déficit presupuestario de casi 10.000 millones de euros en el subsidio ciudadano. Según los documentos del ministro, su departamento prevé unos costes del subsidio ciudadano de casi 46.000 millones de euros para 2025, aunque oficialmente sólo se han comunicado 36.000 millones”.
El partido ahora recomienda deportaciones masivas para un total de 1,3 millones de inmigrantes para tapar el agujero presupuestario, lo que, según afirma, haría que los pagos de asistencia social volvieran a estar en línea con la suma presupuestada originalmente.
