El Gobierno federal de Austria ha alcanzado un acuerdo para aprobar una nueva legislación que permitirá a las autoridades intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles. Tras meses de negociaciones, el Consejo Nacional prepara la votación de una ley que autoriza a la Policía a espiar los servicios de mensajería cifrada, como WhatsApp, Telegram o Signal, mediante el uso de software espía instalado directamente en los dispositivos.
El ministro del Interior, Gerhard Karner (ÖVP), ha defendido la medida calificándola de «hito en la lucha contra el terrorismo«. Según el Ejecutivo, esta vigilancia directa —conocida como «telecomunicaciones en origen»— es necesaria para combatir amenazas graves. El Gobierno sostiene que su aplicación estará sujeta a estrictos controles judiciales: cada caso deberá ser autorizado por un panel de tres jueces.
No obstante, el proyecto ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones para los derechos fundamentales. El secretario de Estado del SPÖ, Jörg Leichtfried, ha reconocido que la norma supone una vulneración de derechos básicos y ha exigido que su aplicación esté bajo una regulación firme. Desde el partido liberal Neos también han surgido voces críticas. Los diputados Stephanie Krisper y Nikolaus Scherak han anunciado que votarán en contra, pese a formar parte de la coalición. Scherak, que ya logró en 2018 la anulación de un proyecto similar por parte del Tribunal Constitucional, alerta ahora del alcance técnico del software espía, capaz de acceder no sólo a los mensajes cifrados, sino a todos los datos almacenados en el dispositivo, incluso de personas no implicadas en ninguna investigación.
A las dudas legales y de seguridad se suma el coste económico. El Gobierno ha asignado un presupuesto de 50 millones de euros sólo para la implantación inicial del sistema. Los críticos sostienen que estos fondos deberían destinarse a mejorar las infraestructuras de seguridad ya existentes, en lugar de abrir la puerta a un modelo de vigilancia masiva.
El Partido de la Libertad (FPÖ) ha mostrado su rechazo frontal al proyecto. Su secretario general, Michael Schnedlitz, ha definido la medida como un «ataque a todos los ciudadanos» y ha denunciado que se encamina hacia una «vigilancia digital total», acusando al ÖVP de querer espiar a los críticos con el Gobierno.
Pese a las discrepancias internas en Neos, la mayoría parlamentaria que respalda la reforma no parece en peligro. En el SPÖ consideran que las diferencias forman parte del «mandato dinámico y libre» dentro de la coalición. El ministro Karner ha anunciado que los detalles concretos del texto legal serán presentados en los próximos días, antes de su votación definitiva en el Parlamento.
Austria se encamina así hacia una legislación que permitirá a las autoridades intervenir las comunicaciones privadas en tiempo real, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, pero con consecuencias aún inciertas para los derechos individuales y la privacidad de los ciudadanos.
