«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
mientras se procesan las solicitudes de asilo

El Gobierno británico insiste en aplicar su plan de enviar a inmigrantes ilegales a Ruanda

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Europa Press

El Gobierno del Reino Unido sigue «plenamente comprometido» con su plan de enviar a inmigrantes ilegales a Ruanda, a pesar de que este plan ha sido declarado ilegal por la Justicia británica.

«El pueblo británico quiere detener la llegada de embarcaciones y este Gobierno también. Eso es lo que estoy decidida a cumplir y no daré un paso atrás», aseguró la ministra del Interior, Suella Braverman.

Braverman también puntualizó que «la Corte de Apelación ha dejado claro que la política de reubicar a los solicitantes de asilo a un tercer país seguro para el procesamiento de sus solicitudes es acorde a la Convención de Refugiados».

Por otro lado, consideró «una decepción» la parte del fallo que desautoriza su estrategia al juzgar que el sistema de asilo ruandés presenta deficiencias que no garantizan el respeto de los derechos de los candidatos. Algo que no ha sentado nada bien al Ejecutivo de Rishi Sunak.

En este sentido, el primer ministro británico ha mostrado sus intenciones de solicitar permiso a los tribunales para elevar un recurso ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial británica. El Gobierno Británico piensa que una vez tomado en consideración el recurso, podrá poner en marcha sin incidencias sus políticas de control migratorio.

Reino Unido y Ruanda acordaron en abril de 2022 un plan a cinco años para la transferencia a Kigali de la mayoría de inmigrantes que lleguen por vías ilegales a territorio británico, cuyas solicitudes de asilo se procesarían allí sin posibilidad de regresar a este país.

A cambio, el Reino Unido ha facilitado 120 millones de libras (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo de Ruanda y se hará cargo de los costes de tramitación e integración de cada persona reubicada.

El primer vuelo con inmigrantes con destino al país africano fue detenido el 14 de junio de 2022 por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue muy criticada por el Ejecutivo de Rishi Sunak.

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