La idea de Boris Johnson para tratar el intratable asunto de los refugiados de enviarlos a Ruanda mientras se estudia su solicitud de asilo, furiosamente criticada en su día, ha encontrado favor en un Gobierno de izquierdas: el de Dinamarca.
El Gobierno izquierdista de la primera ministra Mette Frederiksen ha decidido deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda en lugar de permitir que permanezcan en Dinamarca el tiempo que se tarda en procesar su solicitud, gracias a un nuevo acuerdo bilateral con el país africano.
Detrás de esta medida eminentemente práctica se evidencia un notable cambio de visión política en el país escandinavo, no ajena a la que empieza a imponerse lentamente en todo el continente, que parece reconocer tácitamente que su política de puertas abiertas de par en par ha sido un fracaso.
El plan danés lleva ya tiempo en la agenda, pero no en la de Frederiksen, sino en la de la oposición conservadora. Sin embargo, han sido los socialdemócratas en el Gobierno los que ahora lo hacen suyo tras un año de negociaciones. El acuerdo prevé que todos los solicitantes de asilo esperen en el país africano hasta que finalice el procedimiento.
Dinamarca destaca entre los países de su entorno por ser el primero en declarar explícitamente que abrir el país a todo el mundo ha sido una política desastrosa. En junio de 2021, el Gobierno socialdemócrata danés aprobó una ley que autoriza la externalización de la recepción —o confinamiento— de migrantes en un tercer país durante el tiempo que lleve evaluar su asilo. Dinamarca estuvo en conversaciones con varias naciones africanas, ofreciendo millones de euros en ayuda para el desarrollo, pero hasta ahora, Ruanda es la única nación que ha accedido, y el reino anunció una declaración de cooperación bilateral “que prevé el establecimiento de un programa por el cual los solicitantes de asilo […] podrían ser trasladados [allí] para el estudio de su expediente, así como la opción de radicarse en Ruanda”. Sin embargo, el país africano tiene más de 127.000 refugiados ya en su suelo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Frederiksen ha defendido con datos incontroveribles su decisión: “Uno de cada cinco jóvenes de origen no occidental nacidos en 1997 había infringido la ley antes de cumplir los 21 años. No todos. Pero hay demasiados jóvenes que arrebatan la libertad de los demás, roban el futuro de los niños, intimidan a los guardias de la prisión y dejan tras de sí una larga estela de inseguridad”, dijo Frederiksen. “Lleva pasando desde hace demasiados años”, añadió.
La primera ministra sabe, por lo demás, que el pueblo danés aplaude su política restrictiva. Una encuesta de YouGov de 2018 reveló que el 65% de los ciudadanos están en contra de aceptar más inmigrantes, y un 31% opina en otra encuesta de la misma firma un año después que la inmigración no aporta beneficio alguno al país.
El ministro del Interior, Mattias Tesfaye, hijo él mismo de inmigrantes etíopes, llegó a elogiar la línea dura de Hungría en este tema y señaló que el país ha evitado la delincuencia y los problemas de integración que se observan en otros países de Europa occidental. “Fue un error criticar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por levantar un muro de alambre de púas en la frontera en 2015”, dijo Tesfaye a la prensa el año pasado tras una reunión de ministros del Interior de la UE en Bruselas.
Dinamarca registra solo de 1000 a 2000 solicitudes de asilo por año, y Tesfaye dice que su » sueño » es tener cero solicitudes de asilo en Dinamarca.
