Suecia ya no puede negar su colapso interno. Más de 67.000 personas están implicadas o tienen vínculos con el crimen organizado, según un informe oficial publicado este viernes por la Policía Nacional. Los datos confirman que la crisis de violencia ligada a las bandas inmigrantes ha convertido al que fuera uno de los países más seguros de Europa en un territorio bajo asedio.
De ese total, 17.500 individuos son considerados criminales activos, mientras que otros 50.000 mantienen lazos con redes delictivas a través de la familia, el entorno social o actividades menores. Las cifras suponen un aumento respecto al año anterior, cuando se estimaban 14.000 miembros activos, aunque las autoridades atribuyen parte del incremento a un cambio en los métodos de conteo.
En una rueda de prensa en Estocolmo, la comisaria Petra Lundh calificó la situación de «extremadamente grave» y advirtió que no existen señales de mejora. «El número de delincuentes activos y de personas vinculadas a ellos es demasiado alto. No vemos una tendencia clara ni a la baja ni al alza», señaló.
El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, reconoció que el informe «confirma la magnitud de un problema que amenaza la estabilidad nacional». Pese a que el Gobierno de Ulf Kristersson presume de una leve reducción en los tiroteos, las explosiones y atentados con granadas continúan en aumento, y 2025 podría cerrar como uno de los años más violentos de la historia reciente del país.
La mayoría de los miembros de las bandas son ciudadanos suecos, pero el informe evita precisar cuántos pertenecen a la primera o segunda generación de inmigrantes, un dato que las autoridades suelen omitir por razones políticas. En torno al 10% son extranjeros con residencia, y otro 10 % posee doble nacionalidad. La edad media de los delincuentes identificados es de 28 años.
En los últimos años, Suecia ha vivido tiroteos y explosiones casi diarias, muchos protagonizados por menores reclutados como «soldados niños» por las mafias migrantes. Las redes criminales operan desde el extranjero —principalmente desde Turquía y Medio Oriente— y dirigen los ataques a través de aplicaciones encriptadas.
El Ejecutivo sueco ha impulsado una reforma penal de emergencia: reducción de la edad mínima de responsabilidad penal de 15 a 13 años, creación de prisiones especiales para jóvenes violentos y fin de las sentencias indulgentes. Pero incluso la Policía reconoce que la represión legal ya no basta. «No podemos judicializar este problema —admitió Lundh—. Debemos impedir que más niños caigan en estas redes de violencia».
