Es ya una ley de hierro en nuestras oligarquías: si el pueblo protesta, la respuesta no es nunca escuchar sus demandas y estudiar los problemas, sino reprimir cada vez más implacablemente toda disidencia. Lo vemos en España y, ahora, lo estamos viendo en Irlanda, donde el primer ministro, Leo Varakdar, ha reaccionado a las protestas violentas tras el atentado cometido por un argelino con una orden de expulsión no aplicada en veinte años doblando la apuesta: ha anunciado una demencial legislación contra las «opiniones de odio», un comodín para reprimir cualquier pensamiento disidente.
Así, el primer ministro de origen indio ha señalado que Irlanda carecía hasta ahora de armas para luchar contra la creciente hostilidad hacia los inmigrantes dentro de sus comunidades de clase trabajadora. Y él va a dotarle de ellas, en lugar de preguntarse si quizá pudiera haber alguna base en las demandas de la población.
El atentado del argelino contra varios niños ha sido, en realidad, sólo la gota que hace rebosar el vaso. Ya habían aumentado las tensiones después de que un inmigrante eslovaco de etnia gitana, Josef Puska, recibiera cadena perpetua en un tribunal de Dublín por matar a puñaladas a una maestra de escuela primaria de 23 años el año pasado. De hecho, Irlanda, que ha visto dispararse la inmigración no europea de un modo sin precedentes en el último año, ya ha sido testigo de numerosas protestas antiinmigración.
Así que Varadkar ha anunciado dos leyes importantes en las próximas semanas. La primera dará a la Policía la autoridad para utilizar tecnología de reconocimiento facial para identificar a las personas implicadas en los disturbios y la segunda proporcionará a las fuerzas del orden nuevas herramientas para procesar a personas que promuevan «discursos de odio» (opiniones contrarias a la ortodoxia oficial) en las redes. «Por si alguien lo dudaba, ha quedado claro que las leyes actuales sobre incitación al odio son inadecuadas para la era de las redes sociales», dijo Varadkar, subrayando que se necesitan leyes para encausar cuentas influyentes de las redes sociales que difunden mensajes «racistas».
Pero la gente ya va advirtiendo el patrón y han arreciado las voces contra las nuevas leyes, a todas luces totalitarias. Ya en abril, Elon Musk comentó en su red social (X), antes Twitter, que este tipo de leyes supone un «ataque masivo a la libertad de expresión».
La televisión pública irlandesa RTE realizó una encuesta que concluyó que sólo el 19% del público irlandés apoya las nuevas leyes. Sobre todo porque nadie se pone de acuerdo en qué significa «delito de odio» como concepto jurídico objetivo. Para la Policía, el tipo penal se basa en la «prueba basada en la percepción» de McPherson, un criterio según el cual si una víctima o testigo percibe que un incidente ha sido motivado por un prejuicio relacionado con una de las nueve características protegidas, se categoriza como tal. Imaginen la seguridad jurídica de depender del subjetivismo de la supuesta «víctima».
Los críticos de la ley señalan que la falta de una definición clara del término «incitación» dará lugar a reacciones desproporcionadas. Free Speech Ireland, además, expresó su temor ante la ampliación de poder que esta ley daría a las fuerzas del orden.
