El Parlamento Europeo votará este jueves el nuevo Reglamento de Estadísticas Europeas de Población y Vivienda, una norma que, según advierte VOX y otros partidos patriotas, refuerza el control centralizado de Bruselas sobre los Estados miembros y convierte los datos nacionales en una herramienta al servicio de las agendas globalistas de la Comisión.
El texto, respaldado por la Comisión Europea y aprobado por el Consejo, sustituye el actual marco estadístico por un sistema unificado, obligatorio y gestionado directamente desde Bruselas, otorgando a la Comisión un amplio margen «para modificar variables y metodologías», sin intervención del Parlamento.
El reglamento, que deroga normas anteriores sobre inmigración y vivienda, pretende establecer un «marco común» para recopilar datos demográficos, migratorios y sociales en toda la Unión. Bajo la excusa de la «armonización», Bruselas podrá decidir qué se mide, cómo se mide y cuándo se mide, abarcando desde nacimientos y defunciones hasta movimientos migratorios, estructura familiar o condiciones de vivienda.
Incluso se introducen nuevos conceptos como «institución», que englobará residencias y centros de larga estancia, y «grupos de difícil acceso», en los que se incluyen inmigrantes y personas sin hogar, ampliando así el campo de actuación de la Comisión sobre cuestiones sensibles que afectan a las políticas nacionales.
Además, se impulsa la sustitución del censo clásico por modelos basados en registros administrativos y fuentes digitales, lo que abre la puerta al cruce masivo de información personal bajo la supervisión del aparato comunitario.
Uno de los puntos más controvertidos es la obligación de que los institutos nacionales combinen los registros internos con información procedente de bases de datos privadas, digitales o de terceros, bajo vigilancia de Eurostat. El nuevo sistema permitirá que la Comisión supervise directamente la calidad de la información y gestione la infraestructura de intercambio entre países, concentrando poder en detrimento de las instituciones nacionales.
La delegación de VOX en el Parlamento Europeo ha confirmado su voto en contra y han denunciado que el reglamento convierte una cuestión técnica en un instrumento político para recentralizar competencias. Según la formación, el texto «vacía de contenido» las funciones de los institutos nacionales de estadística y facilita el acceso de Bruselas a registros diseñados para fines administrativos internos.
Entre las principales preocupaciones expresadas por los grupos patriotas destacan: la imposición de definiciones comunes que condicionarán las políticas nacionales; el acceso europeo a registros nacionales sensibles; la ampliación del reglamento por orden de la Comisión, sin control parlamentario: y la inclusión de variables ajenas a las prioridades nacionales.
Si el reglamento se aprueba, entrará en vigor en el año 2028, marcando un nuevo paso en la construcción de un «sistema estadístico europeo» bajo la mirada directa de Bruselas, que podrá decidir qué se considera «inclusión social» o «vulnerabilidad».
