El Parlamento rumano ha instado al embajador español en Rumanía, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, a luchar contra la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez; que, tras la expulsión del Padre Cantera, pretende avanzar en la desacralización del Valle de los Caídos.
En una carta firmada por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Mihail Neamtu, se expresa la preocupación del Legislativo rumano ante lo que consideran una operación política orquestada para vaciar de sentido cristiano uno de los espacios religiosos más emblemáticos de Europa.
El documento, dirigido directamente al embajador español en Bucarest, advierte que el reciente relevo del prior Santiago Cantera —sustituido por Alfredo Maroto tras expirar su mandato— no puede interpretarse como un simple recambio administrativo. En palabras de Neamtu, se trata de una maniobra que forma parte de una «revolución cultural» impulsada por la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de «redefinir ideológicamente» el recinto, ahora renombrado oficialmente como Cuelgamuros.
«No nos dejemos engañar. Esto no es una simple gestión administrativa. Es un acto político, parte de una revolución cultural diseñada para borrar la memoria cristiana de Europa», afirma el parlamentario rumano, quien señala que los monjes benedictinos que habitan el lugar están siendo presionados para abandonar la abadía antes de que finalice 2025.
Neamtu subraya que el Valle de los Caídos representa para muchos un espacio sagrado, dedicado a la reconciliación y la memoria. La eventual retirada de la comunidad religiosa no sería solo un cambio funcional, sino una ruptura simbólica con una tradición litúrgica de décadas.
En su llamamiento, el representante del Parlamento rumano reclama a la Santa Sede y a todos los ciudadanos europeos comprometidos con la fe y la cultura cristiana que se opongan a esta tendencia que califica de «descristianización del espacio público, apenas disfrazada de progreso».
La carta concluye con una contundente defensa del carácter sacro de la basílica y la necesidad de preservar la presencia de los monjes en el lugar: «La basílica no debe ser desacralizada. Los monjes no deben ser expulsados. Y Europa no debe olvidar quién es».
Este pronunciamiento se produce en un momento de creciente controversia en España por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha reavivado debates sobre el legado histórico del franquismo, el uso simbólico de los espacios públicos y el papel de la Iglesia en la esfera institucional.
