El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, se ha mostrado favorable a que el Parlamento revise la ley antirracismo de 1981, una norma cada vez más cuestionada por sectores de la derecha flamenca por su impacto sobre la libertad de expresión y el debate público en asuntos como la inmigración, la identidad y la convivencia cultural.
Durante una intervención en la Cámara de Representantes, De Wever respondió a una pregunta del diputado de Vlaams Belang Alexander Van Hoecke sobre la polémica condena del activista Dries Van Langenhove, declarado culpable de incitación al odio pese a que el tribunal reconoció que muchas de sus afirmaciones eran factualmente correctas. Los jueces consideraron, sin embargo, que el contexto y la supuesta intención racista convertían esas declaraciones en delictivas.
«La libertad de expresión debe restringirse lo menos posible», afirmó De Wever. «La mejor arma contra una mala idea es una idea mejor», añadió.
El primer ministro fue más lejos al defender que el debate público no debe judicializarse salvo en casos de incitación directa a la violencia. «Mientras no se llame a la violencia, creo que las palabras deben combatirse con palabras y no con un tribunal», señaló.
De Wever precisó que hablaba en nombre propio y no como jefe del Gobierno, ya que el asunto no ha sido discutido oficialmente en el Ejecutivo federal. Aun así, respaldó la posición del presidente de la Cámara, Peter De Roover, también miembro de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), quien había defendido una evaluación de la ley para comprobar si restringe de forma indebida la libertad de expresión.
El primer ministro subrayó que corresponde al Parlamento organizar ese examen legislativo y abordarlo con serenidad. «Desde luego, no voy a impedírselo», indicó.
Van Hoecke respondió que su partido ya tiene preparada una propuesta legislativa para modificar la norma y expresó su esperanza de que reciba apoyos de otras formaciones.
El debate también ha sido alimentado por el ministro de Defensa, Theo Francken, de la N-VA, que celebró en redes sociales las iniciativas para revisar la ley y reclamó una reforma de fondo. Francken denunció la arbitrariedad de la legislación actual y comparó el caso de Van Langenhove con el del escritor Herman Brusselmans, quien realizó una declaración incendiaria contra los judíos en un medio de izquierdas y no fue condenado.
«Eso es pura arbitrariedad. Y se debe en gran medida a la propia ley: está redactada de forma demasiado vaga y, por tanto, deja demasiado margen de interpretación al juez», afirmó Francken.
El ministro defendió que las restricciones legales a la libertad de expresión estaban antes formuladas de manera mucho más estricta y se centraban principalmente en la difamación, la calumnia o las incitaciones concretas a la violencia. A su juicio, el concepto de «incitación al odio» ha terminado convirtiéndose en una categoría demasiado amplia y ambigua.
«Debemos volver a lo básico: sólo las llamadas a la violencia, o su glorificación, deberían ser punibles», sostuvo.
Incluso comentaristas de izquierdas del diario flamenco De Morgen han admitido que la condena a Van Langenhove por sus declaraciones fue demasiado lejos, lo que revela la amplitud del debate abierto en Bélgica.
La posible reforma, sin embargo, ya ha provocado la oposición de sectores centristas y progresistas. El partido francófono Les Engagés, socio de la coalición federal de De Wever, rechazó cualquier modificación sustancial de la ley. Su presidente, Yvan Verougstraete, sostuvo que la libertad de expresión «nunca puede servir como pretexto para comentarios racistas, discriminatorios o de incitación al odio».
«Les Engagés rechaza cualquier cuestionamiento de esta legislación, que protege la dignidad humana y establece límites claros esenciales para vivir juntos», afirmó.
La norma de 1981, conocida como Ley Moureaux por el socialista Philippe Moureaux, fue aprobada originalmente para combatir el racismo y la xenofobia. Sin embargo, sus críticos sostienen que se ha convertido en una herramienta para castigar opiniones legítimas dentro del debate público, especialmente cuando afectan a inmigración, identidad nacional o islamización.
