Nos han querido vender la inmigración masiva procedente del Tercer Mundo como un imperativo económico para sociedades envejecidas. Pero se está viendo cada vez más que incluso en eso es una medida ruinosa.
No es que, por el momento, estén lejos de «pagarnos las pensiones»; es que hay que gastar en ellos enormes cantidades en ayudas sociales. En el caso británico, los contribuyentes están pagando a los inmigrantes la friolera de casi 1.000 millones de libras al mes en prestaciones.
El dato —exactamente, 941 millones de libras— lo aporta el Departamento de Trabajo y Pensiones y lo publica The Telegraph. El diario británico recuerda que la cifra era hace sólo tres años era de 461 millones de libras, lo que significa que se ha duplicado.
La gestión (o no gestión) de la inmigración ha sido desastrosa en el Reino Unido bajo los conservadores, y no hace más que empeorar con el laborista Keir Starmer.
En 2023, la inmigración alcanzó un récord de 906.000 personas. Los últimos datos muestran que 948.000 personas llegaron al Reino Unido en 2024. Los inmigrantes pueden solicitar un crédito universal —la parte del león de las prestaciones— en cuanto consiguen la condición de residente o refugiado.
Pero el coste total para el sufrido contribuyente, señala el informe, es mucho mayor, porque al crédito universal hay que sumar la atención sanitaria, la educación y la vivienda. Un estudio reciente del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) revela que el coste de vivienda para los solicitantes de asilo, muchos de los cuales están en el país ilegalmente, ha aumentado a aproximadamente 4.700 millones de libras al año.
