Altos cargos del Partido Republicano en Estados Unidos estudian medidas contundentes contra funcionarios de la Unión Europea que impulsen o apliquen políticas de censura digital al amparo de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Entre las opciones sobre la mesa figuran retirar la inmunidad soberana, prohibir visados y permitir demandas privadas en tribunales estadounidenses contra responsables europeos.
La iniciativa está liderada por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, una de las voces más firmes contra lo que denomina «censura extraterritorial» de Bruselas. «La libertad de expresión permite a los ciudadanos debatir ideas en el mercado libre», afirmó Jordan, advirtiendo de que la soberanía estadounidense está en juego si la Comisión Europea no rectifica.
El debate se produce tras la aprobación en Estados Unidos de la GRANITE Act (Guaranteeing Rights Against Novel International Tyranny & Extortion), una ley diseñada para impedir que gobiernos extranjeros censuren plataformas y ciudadanos estadounidenses. La norma abre la puerta a demandas civiles contra autoridades extranjeras que impongan sanciones o normas de moderación de contenidos consideradas abusivas, apuntando directamente a la DSA y a su equivalente británica, la Online Safety Act.
Sectores conservadores presionan ahora para reforzar la ley a nivel federal, modificando la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) con el fin de retirar la protección legal a funcionarios extranjeros implicados en estas políticas.
La subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah B Rogers, ya advirtió en enero de que Washington podría actuar legalmente contra el regulador británico Ofcom si intenta sancionar a empresas estadounidenses por contenidos publicados en suelo estadounidense.
En un discurso pronunciado en Londres el pasado 4 de febrero, Rogers calificó la legislación británica de «tiránica y absurda», incluyéndola en un entramado normativo occidental que, a su juicio, amenaza la Primera Enmienda.
Jordan ha ido más allá y ha planteado incluso negar la entrada en EEUU a personas implicadas en la censura, tras el arresto en Irlanda del guionista Graham Linehan por sus opiniones críticas con el activismo trans.
Desde la Comisión Europea, la respuesta ha sido de desprecio contenido. El portavoz de soberanía tecnológica y desinformación, Thomas Regnier, defendió que la UE actúa conforme al Estado de derecho y que la DSA es necesaria para garantizar un entorno digital «seguro».
«Racismo, discurso de odio y contenidos ilegales no tienen cabida en internet», afirmó Regnier, insistiendo en que lo que es ilegal fuera de la red también debe serlo online. Según Bruselas, el problema no es la expresión individual, sino los sistemas algorítmicos que amplifican determinados mensajes, lo que justificaría sanciones y controles.
