La ley aprobada incorpora «medidas individuales de vigilancia o todavía la posibilidad de proceder a visitas domiciliaras», señaló.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, respondió a las críticas recibidas de la derecha y la extrema derecha por no hacer lo suficiente contra el yihadismo y aclaró que es «imposible» encarcelar a los 26.000 fichados en el país.
«Encarcelar a los 26.000 fichados, o a aquellos que nos parecen peligrosos, es imposible, porque estar fichado no es una prueba de culpabilidad», dijo en una entrevista publicada hoy en «France Ouest» Collomb, quien esta semana había calculado en 11.000 los que están fichados por motivos de radicalización islamista.
El Gobierno francés ha sido muy criticado por el centro-derechista Los Republicanos -el principal opositor- y por el Frente Nacional (FN) por no haber hecho lo suficiente para evitar el último atentado en Francia del pasado 23 de marzo, cuando un yihadista fichado asesinó a cuatro personas y dejó heridas a una quincena en Carcasona y Trèbes (sur).
Según Collomb, el caso del franco-marroquí Radouane Lakdim, de 25 años, era difícil de predecir y puso como ejemplo que antes de perpetrar los ataques llevó a su hermana al colegio.
El ministro dijo que «no se pueden excluir» nuevos ataques yuhadistas en suelo francés, aunque recordó que en 2017 abortaron 20 atentados y dos en lo que va de este 2018.
El titular de Interior detalló también que en 2017 han expulsado a 20 extranjeros en situación regular por radicalización, «una cifra inédita».
Collomb rebatió a quienes piden una restauración del estado de emergencia vigente entre 2015 y 2017, cuando Francia padeció una sangrienta oleada de atentados yihadistas que dejó 241 víctimas mortales, y recordó que el pasado octubre se aprobó una ley que incorpora al derecho ordinario medidas extraordinarias del estado de emergencia.
La ley aprobada incorpora «medidas individuales de vigilancia o todavía la posibilidad de proceder a visitas domiciliaras», señaló.
El ministro realzó que esta misma semana el Consejo Constitucional, organismo que supervisa el cumplimiento de la Constitución francesa, validó la mayoría de las medidas de esta controvertida ley antiterrorista, considerada por ONG y partidos de izquierda como contraria a libertades fundamentales.
