Francia atraviesa días de máxima alerta tras una serie de sucesos que han puesto al descubierto las dificultades del país para gestionar la seguridad ciudadana y las políticas migratorias. El atentado de Mulhouse, las detenciones de militantes de Acción Francesa y un nuevo episodio de amenazas en Montigny-le-Bretonneux dibujan un panorama que combina terrorismo, radicalización y descontento social.
El pasado sábado, Mulhouse (Alto Rin) se convirtió en el epicentro de la tragedia cuando un inmigrante ilegal de 37 años, de nacionalidad argelina, atacó con un cuchillo y un destornillador a varias personas cerca del mercado cubierto. El resultado: un muerto, Lino Sousa Loureiro, de 69 años, y varios heridos graves, incluidos cinco policías municipales y dos agentes de estacionamiento.
El agresor fue detenido tras la intervención de las fuerzas del orden. Según el ministro del Interior, Bruno Retailleau, el detenido estaba bajo una Obligación de Abandonar el Territorio Francés (OQTF) desde hacía meses y figuraba en el Fichero de Tratamiento de Señales para la Prevención de la Radicalización de Carácter Terrorista (FSPRT). Además, se reveló que estaba incluido en una lista de 30 inmigrantes ilegales prioritarios —por su alto nivel de peligrosidad— para ser expulsados a Argelia, transmitida hace semanas a las autoridades argelinas. El presidente, Emmanuel Macron, calificó el ataque como un «acto de terrorismo».
La respuesta ciudadana no se hizo esperar. El lunes, durante un homenaje a las víctimas en la plaza de la Reunión, dos militantes de Acción Francesa, de 25 y 26 años, fueron detenidos por injurias. Entre un grupo de unas diez personas, gritaron consignas como «¡Parad el francicidio!» y «¡Expulsen a los OQTF, banda de cobardes!», antes de ser detenidos por la Policía. El fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz, describió los hechos como «graves», subrayando la tensión que el atentado había desatado. Las imágenes muestran las protestas de ciertos sectores en torno a la inmigración y la seguridad.
Ese mismo lunes, a cientos de kilómetros de Mulhouse, en Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), otro incidente agravó el clima de inseguridad. Un inmigrante ilegal de 34 años y nacionalidad argelina, conocido por antecedentes de violencia, fue detenido tras amenazar de muerte a transeúntes y asegurar que quería «cometer un atentado». Los hechos ocurrieron hacia las 17.00h en la calle Jacques Cartier, donde también profirió amenazas contra Emmanuel Macron y Gérald Darmanin, según fuentes policiales. Bajo los efectos del alcohol, el individuo fue finalmente reducido con dificultad por policías municipales y puesto bajo custodia por «amenazas de muerte» y «apología del terrorismo».
En el país se ha reavivado el debate sobre la efectividad de las políticas migratorias y de seguridad. El ministro Retailleau anunció planes para «acelerar» las expulsiones de extranjeros en situación ilegal, destacando que 326 personas bajo OQTF han sido expulsadas a sus países desde principios de año. Sin embargo, la falta de cooperación de Argelia para emitir los laissez-passer consulares pone en evidencia las limitaciones del sistema. La presencia del atacante de Mulhouse en una lista prioritaria sin que se concretara su expulsión ha generado críticas sobre la lentitud burocrática y la expulsión de sujetos señalados por radicalización.
La confluencia de un atentado terrorista, protestas sociales y amenazas aisladas refleja una Francia en estado de alerta, donde la seguridad pública y el control migratorio se han convertido en temas ineludibles.
