El Gobierno de Georgia ha anunciado medidas para endurecer su política migratoria y frenar la presencia de extranjeros en situación ilegal, una estrategia que incluirá restricciones laborales y que comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de marzo. El primer ministro, Irakli Kobakhidze, defendió que la iniciativa responde a la inquietud social existente en Europa respecto a la inmigración y a la necesidad de reforzar el control del Estado sobre sus fronteras.
Según explicó el propio jefe del Ejecutivo, el país caucásico cuenta con cerca de 20.000 inmigrantes sin regularizar dentro de una población aproximada de cuatro millones de habitantes. La nueva normativa limitará de forma notable el acceso al empleo para quienes no dispongan de documentación legal, con el objetivo declarado de reducir progresivamente la presencia de inmigrantes ilegales en los próximos años.
Kobakhidze justificó el giro legislativo apelando a la protección de la identidad nacional y religiosa, afirmando que muchos ciudadanos consideran prioritario preservar esos elementos ante el aumento de los movimientos migratorios en el continente. Durante un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que el Gobierno aplicará la ley con firmeza para responder a esas preocupaciones.
Aunque el número total de extranjeros supone alrededor del 6,6% de la población, el primer ministro puso el foco especialmente en quienes residen sin autorización. En cuanto a los inmigrantes que viven legalmente en el país, la mayoría procede de antiguos territorios soviéticos, así como de Estados Unidos, Israel y varios países de la Unión Europea.
El endurecimiento de la política migratoria en Georgia se produce en paralelo al intenso debate que atraviesa Europa sobre la gestión de las fronteras y el reparto de solicitantes de asilo. Mientras algunos países reclaman mayor cooperación entre socios, otros optan por reforzar controles y limitar la llegada de nuevos residentes, evidenciando la división existente dentro del bloque comunitario.
