La primera ministro italiana, Giorgia Meloni, sigue dando pasos con una ley que busca reforzar el control sobre el separatismo islámico y establecer nuevas normas de seguridad y transparencia. El Gobierno de Italia, liderado por Hermanos de Italia (FDI), ha reactivado un paquete legislativo que incluye la prohibición del burka y del niqab en lugares públicos, así como mayores restricciones a la financiación de mezquitas y asociaciones religiosas procedente del extranjero.
El proyecto, presentado por la diputada Sara Kelany y otros miembros del FDI, contempla sanciones económicas que van desde los 300 hasta los 3.000 euros para quienes utilicen prendas que cubran completamente el rostro. Según Kelany, la medida tiene un doble objetivo: «Proteger la seguridad de los ciudadanos» y «preservar la dignidad de las mujeres italianas y extranjeras, que no deben ser reducidas al anonimato tras un velo».
Las autoridades subrayan que esta iniciativa pretende combatir los llamados «crímenes culturales» y frenar la expansión del fundamentalismo y del separatismo religioso en Italia. Además, el texto legislativo introduce la obligación de que las entidades islámicas que reciban fondos del exterior informen al Estado sobre todas sus fuentes de financiación. Sólo aquellas organizaciones consideradas respetuosas con la legalidad y con los valores nacionales podrán acceder a ayudas públicas.
El diputado Andrea Delmastro ha explicado que el control de los flujos económicos será uno de los pilares de la nueva normativa. En sus palabras, «detrás de la financiación de ciertas mezquitas no oficiales puede esconderse la influencia de grupos extranjeros con fines contrarios a la ley italiana». Por ese motivo, considera «imprescindible» reforzar la supervisión sobre los fondos destinados a la creación de centros de culto.
El paquete de medidas también contempla endurecer las penas relacionadas con los matrimonios forzados o concertados bajo coacción religiosa. En estos casos, las sanciones podrían alcanzar hasta siete años de prisión. Asimismo, el texto propone penalizar prácticas como los exámenes de virginidad o la certificación médica de la misma, con penas de dos a cinco años de cárcel.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la propuesta no busca limitar la libertad religiosa, sino garantizar la convivencia y la transparencia. «Italia es una nación abierta y respetuosa con todas las culturas, pero no puede tolerar comportamientos que entren en conflicto con nuestros principios y valores fundamentales», ha señalado Hermanos de Italia en un comunicado emitido el pasado 8 de octubre.
Meloni y su equipo reconocen que parte de la inspiración proviene del modelo francés, donde la prohibición del burka fue introducida en 2011. Desde entonces, países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suiza o Turquía han adoptado medidas similares para reforzar la seguridad pública.
