Las autoridades francesas han efectuado este martes un registro en las oficinas de la red social X situadas en Francia, en el marco de una investigación penal centrada en un supuesto uso irregular de los algoritmos de la plataforma con «posibles efectos sobre la vida política del país.»
La actuación, coordinada por la fiscalía de París con apoyo de la agencia policial europea Europol, se enmarca en unas diligencias abiertas formalmente el 12 de enero de 2025. El objetivo de la investigación es determinar si los sistemas automatizados de X pudieron haber sido manipulados o diseñados de forma sesgada, alterando el funcionamiento normal del tratamiento de datos y la visibilidad de determinados contenidos.
Dentro de estas pesquisas, la fiscalía ha citado a entrevistas voluntarias, previstas para el 20 de abril de 2026 en París, tanto a Elon Musk, propietario de la plataforma, como a Linda Yaccarino, quien era consejera delegada de X en el momento de los hechos investigados. Yaccarino abandonó el cargo en julio del año pasado, tras dos años al frente de la compañía.
El procedimiento judicial tiene su origen en dos denuncias presentadas en enero de 2025, a las que se sumaron posteriormente nuevos informes críticos. Entre ellos, se señalaba el papel del chatbot de inteligencia artificial Grok por la supuesta difusión de contenidos problemáticos.
Una de las denuncias iniciales fue presentada por Éric Bothorel, diputado del partido centrista del presidente Emmanuel Macron, quien acusó a la plataforma de reducir la pluralidad de opiniones y de estar sujeta a «intervenciones personales» de Musk en la gestión del servicio desde que asumió el control de la red social.
Desde X, la respuesta ha sido de rechazo. En enero de 2025, el director de la compañía en Francia, Laurent Buanec, defendió que la plataforma cuenta con normas «estrictas, claras y públicas» para combatir el discurso de odio y la desinformación. Meses después, en julio, Musk calificó las acusaciones como una «investigación criminal con motivaciones políticas» y denunció un ataque directo a la libertad de expresión.
Pese a ello, la fiscalía parisina sostiene que el desarrollo del caso responde a un enfoque «constructivo», cuyo fin último es garantizar que X cumple la legislación francesa mientras opera en el territorio nacional. En esa línea, el Ministerio Público anunció también que dejará de comunicarse a través de X y que, en adelante, difundirá sus mensajes institucionales mediante LinkedIn e Instagram, plataformas propiedad de Microsoft y Meta, respectivamente. El anuncio se realizó, de forma paradójica, en la propia red social X.
