El Parlamento de Italia ha aprobado una nueva ley que convierte la maternidad subrogada en un «delito universal», lo que permitirá al gobierno de Giorgia Meloni perseguir y castigar a los ciudadanos italianos que utilicen esta práctica, incluso si se realiza fuera del país. La medida fue ratificada este miércoles por el Senado con 84 votos a favor y 58 en contra, tras haber sido aprobada previamente en la Cámara de Diputados en julio de 2023.
La normativa vigente en Italia, aprobada en 2004, ya penalizaba la gestación subrogada con sanciones de entre 600.000 y un millón de euros, además de penas de hasta dos años de prisión para quienes «organicen, realicen o promuevan el comercio de gametos, embriones o la subrogación de la maternidad». Con esta nueva ley, esas mismas penas también se aplicarán a quienes recurran a vientres de alquiler fuera del país.
Desde su ascenso al poder, Giorgia Meloni ha mostrado una postura firme contra esta práctica. En 2022, ya había expresado su intención de castigar a aquellos que «compran niños en el extranjero» a través de vientres de alquiler, a pesar de que en otros países pueda estar legalizada esta modalidad. Meloni ha criticado duramente la gestación subrogada, refiriéndose a ella como «la esclavitud del tercer milenio», y subrayando que comerciar con el cuerpo de las mujeres y convertir la maternidad en un negocio no es un avance para la civilización.
El apoyo clave para la aprobación de esta ley provino de los aliados de la coalición gubernamental, Forza Italia y Lega, que argumentan que el vientre de alquiler no es un acto de solidaridad, sino una forma de explotación. La senadora Domenica Spinelli, del partido Fratelli d’Italia, defendió la normativa como una forma de «desincentivar» esta práctica y declaró que su verdadero objetivo es erradicar la «violencia contra las mujeres».
No todos en el gobierno se han pronunciado de manera diplomática. La ministra de Familia, Eugenia Roccella, ironizó sobre la cuestión al referirse al hecho de que «los hijos de vientres de alquiler del tercer mundo cuestan menos». Mientras tanto, el diputado Federico Mollicone fue aún más contundente al afirmar que esta práctica es «más grave que la pederastia».
En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo italiano determinó que los hijos nacidos a través de maternidad subrogada en el extranjero deben ser reconocidos mediante un proceso de adopción supervisado por un juez, en lugar de ser inscritos directamente en el registro civil. Con esta nueva ley, Italia endurece su postura al hacer punible la gestación subrogada en cualquier lugar del mundo, reafirmando la prohibición que ya estaba en vigor desde 2004 dentro de su territorio.