Países Bajos atraviesa una crisis que pone en cuestión el funcionamiento mismo del Estado de derecho. Según han revelado medios nacionales como Algemeen Dagblad y NOS, varios jueces holandeses han comenzado a ordenar la liberación de delincuentes extranjeros, incluidos reincidentes, alegando saturación carcelaria y «falta de capacidad» en el sistema penitenciario.
El escándalo ha desatado una tormenta política en La Haya: delincuentes múltiples —algunos con historial de robos violentos, agresiones y delitos sexuales— habrían sido liberados de inmediato pese a contar con órdenes de prisión confirmadas. La razón esgrimida en las resoluciones judiciales es clara: las cárceles no pueden asumir más internos.
Los directores penitenciarios llevan meses alertando de que las prisiones holandesas están al borde del colapso. Las plantillas están saturadas, el personal de vigilancia no alcanza, y varios centros han reducido módulos enteros por falta de trabajadores. En paralelo, las entradas de delincuentes extranjeros se han disparado, especialmente en las grandes ciudades.
El resultado: los jueces justifican que el encarcelamiento «no es materialmente viable» y ordenan la puesta en libertad bajo condiciones mínimas de control. Algunos de los beneficiados por esta interpretación judicial estaban a la espera de expulsión, pero seguían en libertad por los bloqueos legales derivados de la política migratoria holandesa.
La ministra de Justicia ha admitido estar «preocupada», pero la oposición señala directamente a una combinación tóxica de: políticas migratorias laxas, judicatura hiperpermisiva, sistema penitenciario en ruinas, y un Estado sobrepasado por la criminalidad importada.
Los municipios más afectados denuncian que la inseguridad está disparada, especialmente en barrios donde operan bandas extranjeras y grupos relacionados con la mafia marroquí y los narcotraficantes del «Mocro Maffia».
Lo que ocurre en Países Bajos no es un hecho aislado. Alemania, Suecia, Bélgica y Francia enfrentan dinámicas similares: prisiones saturadas, jueces que liberan a delincuentes por «falta de medios» e incapacidad del Estado para frenar una criminalidad cada vez más internacionalizada.
