El informe anual 2023 de la Fiscalía Europea ha evidenciado que la delincuencia organizada continúa aprovechándose desmesuradamente de los fondos de la UE en medio de una alarmante falta de control sobre el destino final de estos recursos.
Con un total de 1.927 investigaciones activas, el daño estimado al presupuesto de la UE asciende a 19.200 millones de euros y revela un fraude que destaca por su sofisticación y magnitud.
El informe señala una tendencia hacia el ataque a las nuevas líneas de financiación de la UE, con 206 investigaciones activas relacionadas con los proyectos de financiación de NextGenerationEU que suponen más de 1.8 millones de euros en daños estimados.
El informe ha puesto de manifiesto el alcance del problema en España, donde se abrieron un total de 29 investigaciones en 2023 por fraudes que afectan a los fondos de la UE y se han detectado irregularidades en las compras de mascarillas. Estos casos, que involucran a los gobiernos regionales de Canarias y Baleares —en el marco de la trama Koldo— reflejan la vulnerabilidad del sistema ante el aprovechamiento indebido de los recursos destinados a la crisis sanitaria.
El informe anual cifra en 47 los expedientes abiertos en España, con un daño estimado en las arcas comunitarias de 217,3 millones de euros.
Partidos políticos como VOX han instado a una investigación más profunda por parte de la Fiscalía Europea y la Oficina Antifraude de la Unión Europea, y han incidido en la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
La fiscal general europea, Laura Kövesi, no ha dudado en alertar sobre la grave implicación de los grupos de delincuencia organizada en estos fraudes y ha pedido una estrategia firme para minar la capacidad financiera de estas redes criminales.
El aumento en la detección y procesamiento de los delitos relacionados con el fraude al presupuesto de la UE es una de las pocas notas positivas del informe —se tramitaron un 26% más de denuncias en 2023 en comparación con el año anterior—, pero este incremento en la actividad procesal es insuficiente ante la escala de los fraudes.
