Tras la adopción del mandato por parte del Consejo el pasado mes de mayo, la propuesta ha logrado ser aprobada con 71 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones. Varios puntos de la propuesta siguen siendo motivo de controversia y discusión. Uno de los aspectos más destacados de la posición del Consejo es la limitación de los delitos de violación y agresión sexual.
Por su parte, la Eurocámara ha manifestado su postura enérgica al respecto. En su opinión, el delito de violación debe ser sancionado con una pena máxima de al menos ocho años de prisión, y de al menos diez años en caso de circunstancias agravantes, como que la víctima sea menor de edad, esté embarazada, etc. En España, la pena máxima actual para este tipo de delitos es de 12 años, que se eleva a 15 años en casos agravados. La directiva puede provocar una reducción de condenas.
Además, la Eurocámara ha propuesto ampliar la lista de delitos cubiertos por la directiva, incluyendo las agresiones sexuales, la mutilación genital intersexual, la esterilización forzada, el matrimonio forzoso y el acoso sexual laboral. También se busca penalizar las formas de violencia y acoso contra las mujeres en línea, incluyendo la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima.
En contraposición a la propuesta inicial, la Eurocámara defiende que el concepto de «material íntimo» también puede abarcar imágenes de naturaleza no sexual. E incluye delitos de «incitación al odio» en Internet.
Existen otros puntos que no son contemplados en esta propuesta, como el adoctrinamiento sobre «roles de género» dirigido a los niños y la asignación de fondos a asociaciones feministas y otros grupos específicos, lo que ha generado dudas sobre su destino y gestión. En este sentido, se critica que la directiva vulnere el principio de subsidiaridad, ya que los Estados Miembros cuentan con regulaciones y capacidad para abordar delitos similares a los propuestos sin necesidad de intervención supranacional. e incumpla los tratados.
La propuesta negociadora será validada en el próximo pleno de la Eurocámara, mientras que las conversaciones con el Consejo se llevarán a cabo durante el próximo semestre, coincidiendo con la presidencia española.
