La Policía Metropolitana de Londres ha emitido un comunicado en el que anuncia que exigirá a todos sus agentes y al personal civil que trabaja con el cuerpo que declaren si son o han sido miembros de la masonería, una medida que ha generado un intenso debate institucional y jurídico en el Reino Unido.
Según explica la propia institución, la decisión se adopta con el objetivo de reforzar la transparencia interna y preservar la confianza tanto de la ciudadanía como de los propios trabajadores del cuerpo policial. La Met subraya que dos tercios de los agentes y empleados encuestados consideran necesaria esta política y sostiene que una mayoría de la población también la respaldaría.
El comunicado llega después de que la Gran Logia Unida de Inglaterra haya anunciado su intención de solicitar una orden judicial para frenar la aplicación de la medida. Pese a ello, la Policía Metropolitana afirma que defenderá «con firmeza» su decisión y que no dará marcha atrás.
Desde Scotland Yard recuerdan que desde hace años existen peticiones para abordar de manera explícita el papel de la masonería dentro de las fuerzas policiales. Entre ellas, citan las recomendaciones incluidas en el informe del Daniel Morgan Independent Panel, que alertó sobre los riesgos que pueden derivarse de estructuras opacas y posibles conflictos de lealtades en el seno de la policía.
La Met considera que ignorar estas advertencias supondría un daño adicional a la credibilidad del cuerpo. En su comunicado insiste en que las víctimas tienen derecho a saber que los agentes que investigan sus denuncias han sido transparentes respecto a cualquier posible conflicto de intereses que pudiera afectar a su imparcialidad.
Asimismo, el cuerpo policial señala que los propios agentes y trabajadores deben tener la seguridad de que, cuando denuncian irregularidades cometidas por compañeros, esas acusaciones serán examinadas exclusivamente en función de los hechos y sin que existan lealtades ocultas que interfieran en el proceso.
La Policía Metropolitana concluye que la preservación de la confianza pública y la integridad institucional debe situarse por encima del deseo de cualquier organización externa de mantener el secretismo sobre la pertenencia de sus miembros, y enmarca esta nueva exigencia dentro de un esfuerzo más amplio por mejorar los estándares éticos y la rendición de cuentas dentro del cuerpo.
