Las autoridades italianas han desmantelado una banca clandestina vinculada al crimen organizado internacional que movía entre 80 y 100 millones de euros al año y prestaba servicios financieros a narcotraficantes, organizaciones mafiosas y redes dedicadas a la inmigración ilegal.
La operación, coordinada por la Fiscalía Antimafia de Florencia, se ha saldado con 41 medidas cautelares contra sospechosos de nacionalidades china, albanesa e italiana. Diecisiete personas han ingresado en prisión, otras 16 han quedado bajo arresto domiciliario y ocho deberán comparecer periódicamente ante las autoridades.
La red operaba desde al menos 2021 y tenía su base logística en Prato, cerca de Florencia. Según los investigadores, funcionaba como un auténtico banco paralelo y permitía realizar pagos y transferencias internacionales de forma anónima, sin recurrir a los canales financieros convencionales.
Transferencias opacas por toda Europa
La organización facilitaba movimientos de dinero entre Italia, España, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos mediante un sistema de intermediación basado en comisiones.
Este mecanismo permitía compensar deudas entre grupos criminales sin necesidad de transportar grandes cantidades de efectivo. Las bandas podían así pagar cargamentos de droga, blanquear beneficios ilícitos y reducir el riesgo de que las operaciones fueran detectadas por las autoridades.
La Policía calcula que el volumen anual de las transacciones alcanzaba los 100 millones de euros. Dado que la estructura habría operado durante varios años, por sus circuitos podrían haber circulado cientos de millones de euros. Las autoridades han ordenado además el decomiso preventivo de bienes por valor superior a 60 millones de euros.
Una rama dedicada a la inmigración ilegal
La investigación también ha revelado que una parte de la organización introducía clandestinamente a ciudadanos chinos en territorio comunitario. Los inmigrantes viajaban inicialmente a Serbia y atravesaban después Hungría y Eslovenia hasta llegar a Italia. La red los trasladaba posteriormente a distintos puntos del país, entre ellos Prato y Turín.
Cada persona debía pagar hasta 9.500 euros por el viaje, que en algunos casos incluía largos desplazamientos a pie por zonas montañosas y rutas de especial peligrosidad. Los investigados se enfrentan a acusaciones por asociación criminal, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, favorecimiento de la inmigración clandestina y colaboración con estructuras mafiosas.
La operación vuelve a situar a Prato, uno de los principales centros textiles de Italia y ciudad con una importante comunidad china, en el centro de las investigaciones sobre redes financieras paralelas utilizadas para ocultar los beneficios del crimen organizado.
