La ONG catalana Open Arms ha comunicado esta mañana a través de su fundador, Òscar Camps, el bloqueo de uno de los principales buques de la organización tras la aplicación del decreto migratorio de la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni. Open Arms se enfrenta ahora al bloqueo administrativo por un periodo de 20 días y una sanción económica de 10.000 euros.
Deriva legislativa en el Mediterráneo central. Bloqueo administrativo de 20 días y sanción de 10.000€ para el #OpenArms. Primero te piden ayuda para realizar decenas de rescates porque la Guardia Costera no tiene combustible, pero después te aplican el “Decreto Meloni” que… pic.twitter.com/jedrdVzieP
— Oscar Camps (@campsoscar) August 23, 2023
El barco Open Arms partió de los puertos italianos de Bríndisi el pasado sábado 12 de agosto e inició una navegación directa hacia el área de mayor concentración de actividades criminales llevadas a cabo por los traficantes que operan entre la zona de Zuara y Trípoli (Libia).
En dicha área marítima, Open Arms permaneció desde el día 15 hasta el día 17 de agosto, iniciando diversos recorridos en forma de zigzag, sin variar en ningún momento su posición frente a costas libias, permaneciendo a una media de distancia del litoral libio que oscilaba entre las 30 y las 40 millas náuticas.
Desplazamiento de Open Arms hacia el triángulo de las mafias – Fuente: MarineTraffic – Elaboración: Rubén Pulido/La Gaceta de la Iberosfera
Detenciones en Libia por la presencia de Open Arms
La presencia de la ONG frente al litoral libio no sólo motivó que los traficantes de la zona iniciasen sus actividades para tratar de captar inmigrantes que quisieran ser embarcados, también propició que se diese un aumento de la actividad criminal en la zona, lo que supuso que tuvieran lugar algunas detenciones en territorio libio.
1/2 #Libya 14.08.23 – Patrols of Western Region Support Force thwarted in Zuwara area an attempted sea crossing and apprehended 10 undocumented #migrants of Egyptian nationality. All transferred to WRSF Directorate HQ in Zuwara pending DCIM notification. #migrantcrisis #Frontex pic.twitter.com/HUsbUpEzY2
— Migrant Rescue Watch (@rgowans) August 16, 2023
Una de las detenciones más destacadas tuvo lugar en Zuara (Libia), el día 16 de agosto, donde las autoridades lograron detener las intenciones de un total de 10 inmigrantes ilegales de nacionalidad egipcia que se encontraban en la zona tratando de organizar una travesía de forma inminente, ante la cercanía a costas de la citada ciudad de la embarcación de Open Arms.
Durante la permanencia de la ONG catalana frente a costas libias tuvieron lugar al menos tres operaciones de detección y detención de pequeños grupos de traficantes que, motivados por la presencia de Open Arms entre Zuara y Trípoli, intentaron fletar embarcaciones con destino hacia el continente europeo.
Negativa a desembarcar en puertos tunecinos seguros
Según la ONG, la primera operación de asistencia tuvo lugar el pasado 17 de agosto en aguas cercanas a costas tunecinas. Seguidamente la ONG asistió a otras embarcaciones en la misma zona, área hacia la que se había desplazado tras no materializar ningún operativo frente al litoral libio.
En total, Open Arms asistió a 195 inmigrantes ilegales en 24 horas, efectuando todas las operaciones en una zona que se situaba entre los puertos tunecinos de Zarzis y Sfax.
Detalle del área (junto a costas tunecinas) en la que se realizaron las operaciones y distancias hasta Túnez – Fuente: MarineTraffic – Elaboración: Rubén Pulido/La Gaceta de la Iberosfera
Concretamente la ONG de Òscar Camps llegó a situarse a tan sólo 32 millas náuticas de los puertos tunecinos de Zarzis (tres horas de navegación aproximadamente) y a una distancia de 69 millas náuticas de los puertos de Sfax (unas 6 horas de navegación).
De esta forma y descartando Zarzis por su proximidad a libia, evitándose con ello en un momento dado la aplicación de devoluciones en caliente, la ONG catalana podría haberse desplazado hacia Sfax, donde la inmigración asistida podría haber desembarcado el mismo día 18 de agosto, evitando de esta forma los «días de sufrimiento innecesario» que la propia ONG denuncia (mientras emprende una odisea innecesaria hacia puertos italianos).
El puerto de Sfax, es uno de los más antiguos del país y el segundo de Túnez. La ciudad cuenta con al menos 15 centros sanitarios entre hospitales y clínicas, según el proveedor de seguros Allianz Care. Sus puertos han sido utilizados en multitud de ocasiones para el desembarco con seguridad de inmigrantes ilegales rescatados por parte de las autoridades tunecinas. También la ciudad cuenta con delegaciones de entidades como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que garantizan la atención e inclusión de aquellos perfiles que precisan de asilo o protección internacional.
Una travesía sancionable e innecesaria para los inmigrantes a bordo
Ante la negativa a desembarcar en puertos tunecinos, la ONG forzó la asignación de puertos italianos, estableciéndose como puertos de desembarco los de la localidad de Carrara, un pequeño municipio costero situado aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Pisa.
Esto implicaba cuatro días innecesarios de navegación y una travesía de 600 millas náuticas para los casi 200 inmigrantes ilegales que viajaban a bordo del Open Arms. Si realmente la ONG hubiese estado preocupada en algún momento por las vidas que levaba a bordo, habría desembarcado a tiempo en los puertos tunecinos de Sfax. Pero no fue así.
Tras la llegada ayer al puerto de Carrara, la ONG recibió una sanción del Gobierno de Giorgia Meloni que, en aplicación del comúnmente conocido como decreto migratorio, llevó a cabo el bloqueo del buque de Open Arms y la imposición de una sanción de 10.000 euros.
¿Cómo funciona el decreto migratorio de Giorgia Meloni?
El decreto, que tiene como objetivo reducir la cantidad de inmigrantes ilegales que los barcos de las ONG llevan a Italia, fue aprobado a principios de año por el Ejecutivo de Meloni. El decreto establece un régimen de sanciones administrativas que incluyen «la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar».
Además, se pueden aplicar sanciones de hasta 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque.
El objetivo de este decreto, tal y como explicó el propio Gobierno italiano, es el de evitar «la actividad sistemática de recuperar inmigrantes en aguas de las costas libias y tunecinas para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación».
