El Parlamento italiano ha comezado a tramitar esta semana un proyecto de ley impulsado por el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, para tipificar como delito los vientres de alquiler –conocido coloquialmente con el eufemismo ‘gestación subrogada’– no sólo en Italia, sino para aquellos italianos que recurran a esta práctica en el extranjero.
Esta semana, la polémica sobre los vientres de alquiler ha resurgido con fuerza en España a raíz del caso de Ana Obregón, de 68 años, quien ha recurrido a este método en EEUU para volver a nuestro país con un bebé bajo el brazo. Nada más conocerse la exclusiva, los partidos políticos y medios de comunicación se han lanzado en tromba para tomar partido sobre la cuestión.
Casualmente, en un país muy cercano, Italia, el asunto de los vientres de alquiler también se ha puesto encima de la mesa. «La subrogación es una abominación que quiere reducir la vida humana a moneda de cambio. Firma la petición en apoyo a nuestro proyecto de ley para convertir el alquiler de útero en un crimen universal», escribió en Twitter en noviembre de 2021 Giorgia Meloni, actual presidente del Gobierno de Italia y entonces miembro de la Cámara de los Diputados de su país.
Más de un año después, y después de convertirse su partido en la primera fuerza política de Italia tras las elecciones de septiembre de 2022 –y Meloni presidente del Consejo de Ministros–, la Comisión de Justicia del Parlamento italiano ha comenzado a examinar el proyecto de ley presentado por Fratelli d’Italia, recoge Il Post. La propuesta tiene como objetivo hacer de la gestación subrogada un delito punible en Italia, pero también si se practica en el extranjero.
En Italia, como sucede en varios países europeos, la maternidad subrogada es ilegal. Por ese motivo, muchos italianos –parejas heterosexuales con problemas de fertilidad o, en muchos casos, parejas homosexuales– acuden al extranjero a comprar bebés. Una práctica a la que el Ejecutivo de Meloni quiere poner fin.
La firmante del proyecto de ley es Maria Carolina Varchi, diputada de Fratelli d’Italia, quien retomó el texto de una propuesta anterior presentada hace cuatro años por la propia Meloni y reenviada dos años después también por Mara Carfagna, quien en ese momento era miembro de Forza Italia y hoy es diputada de Action-Italia Viva, informa el medio italiano.
La propuesta de Fratelli consta de un solo artículo y prevé reformar la Ley 40 de 2004 –ley de referencia para la fecundación asistida–, en lo que respecta a las sanciones previstas para quienes infrinjan las prohibiciones que contiene y, en particular, la relativa a los vientres de alquiler. Actualmente, el artículo de las sanciones prevé la pena de prisión de 3 meses a 2 años y una multa de 600.000 a 1 millón de euros. El proyecto de ley añade esta frase: «Las penas establecidas en este párrafo se aplican aunque la infracción se cometa en el extranjero».
Esta semana, el alcalde de Milán, el izquierdista Giuseppe Sala, apeló a la Unión Europea para que tomara cartas en el asunto. «La Unión Europea debe tomar en sus propias manos el tema de la gestación subrogada, porque es muy delicado y no se puede dejar en manos de los estados«, dijo Sala en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo sobre el reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo que recoge Rai News.
«Es fundamental para nosotros, porque no veo la manera de resolver el tema en Italia. Lo segundo es presionar al Gobierno italiano para que tenga claro si quiere quedarse con Polonia y Hungría o quiere tener un enfoque europeo real y aceptar el espíritu social de Europa«, afirmó. «Pido a las autoridades europeas que obliguen al Gobierno italiano a ser muy claro, a no postergar el problema y discutir el asunto en el Parlamento», dijo el alcalde de Milán.
La ministra de Familia del país, Eugenia Roccella, aclaró hace unos días la posición del Ejecutivo de Meloni: «El útero en alquiler es un mercado de niños«. «Si dos personas del mismo sexo piden el reconocimiento, es decir, la inscripción en el registro civil, de un niño al que hacen pasar por hijo propio, quiere decir que esa maternidad subrogada ha sido realizada fuera de las fronteras nacionales», dijo por su parte Fabio Rampelli, vicepresidente de la Cámara de Diputados, también de Fratelli, recogió Il Sole 24 Ore.
La maternità surrogata è un abominio che vuole ridurre la vita umana a merce di scambio. Firma anche tu la petizione a sostegno della nostra proposta di legge per rendere l’utero in affitto reato universale👇https://t.co/bGaHuziOFz pic.twitter.com/piDEWwHm3k
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 20, 2021
«Parece evidente que ya no es posible dejar solos a los tribunales ante los problemas que cada vez se plantean más a causa del recurso de los ciudadanos italianos a las prácticas de gestación subrogada realizadas en el extranjero, y cuán apropiado es que la legislación nacional sancione prácticas similares, exactamente como se sancionan si se cometen en Italia, reafirmando así claramente nuestra oposición a la explotación y la comercialización de facto de las mujeres y los niños«, se lee en el informe que acompaña al proyecto de ley presentado Fratelli el 15 de febrero.
«La Ley 40 de 2004 sobre la procreación médicamente asistida, redactada en una época en que aún no existía el turismo procreativo, dejó un vacío normativo, al no proporcionar nada sobre la legitimidad o no de la gestación subrogada, y más en general de la maternidad implementada en el extranjero por ciudadanos italianos. Sin embargo, el código penal, en su artículo 7, establece expresamente la pena para ciertos delitos, incluso si se cometen en el extranjero, previendo una reserva de ley sobre la materia», continúa el texto. Dicho precepto es la razón por la que el partido de Meloni quiere intervenir sobre la ley de procreacción asistida, introduciendo «la punibilidad del delito aun cuando el mismo haya sido cometido en país extranjero».
