Eurodiputados del grupo soberanista Patriotas han exigido que se hagan públicos los documentos sobre vacunas de la Comisión Europea, incluidos los mensajes que intercambió la presidenta Ursula von der Leyen con el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, durante las negociaciones para adquirir millones de dosis contra la covid-19. La presión política se ha intensificado tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que la jefa del Ejecutivo comunitario vulneró las normas de transparencia al negarse a entregar esos mensajes.
La resolución judicial ha sido calificada como una «humillación pública» por líderes del grupo Patriotas por Europa (PfE), como el eurodiputado danés Anders Vistisen, quien afirma que el Parlamento Europeo debería expulsarla si no colabora con la rendición de cuentas. «Si no tiene nada que ocultar, no debería temer mostrar esos textos. Su negativa confirma que hay motivos para sospechar», declaró.
A pesar del fallo judicial, la Comisión ha reiterado que no entregará los mensajes por el momento. Von der Leyen tiene un plazo de dos meses para apelar, y el proceso completo podría alargarse hasta dos años más. Mientras tanto, el contenido de las comunicaciones seguirá fuera del alcance del público, de los diputados europeos e incluso de los propios Estados miembros.
La polémica gira en torno a la compra de más de 4.600 millones de vacunas por parte de la UE, de las cuales sólo una fracción ha sido utilizada. Se estima que más de 70.000 millones de euros fueron destinados a estos contratos, negociados en parte por la propia Von der Leyen mediante mensajes de texto cuya opacidad ha levantado sospechas sobre posible corrupción. Muchos de esos viales terminarán siendo desechados, al no haber sido utilizados ni redistribuidos eficazmente.
Vistisen recordó también que no es la primera vez que Von der Leyen se ve envuelta en acusaciones similares. Cuando era ministra de Defensa de Alemania, se enfrentó un escándalo por presuntas irregularidades en contratos públicos, caso en el cual se eliminaron registros telefónicos clave. «La historia se repite», aseguró el eurodiputado.
Marieke Ehlers, también de Patriotas por Europa, y la ex eurodiputada francesa Patricia Chagnon, del partido RN, se sumaron a las críticas. Ambas recalcaron que los ciudadanos europeos tienen derecho a conocer cómo se han gestionado los fondos públicos en esta operación multimillonaria. «La transparencia es el fundamento de cualquier sistema democrático», subrayó Chagnon.
El ex eurodiputado neerlandés Rob Roos denunció en la red X que un tribunal belga rechazó una demanda colectiva contra Von der Leyen por falta de «interés personal» de los demandantes, a pesar de que incluía a eurodiputados, organizaciones de vigilancia institucional e incluso gobiernos nacionales. «Es absurdo que un medio extranjero como The New York Times haya logrado más acceso a la información que los representantes electos de la ciudadanía europea», criticó.
