El partido soberanista británico Reform UK, liderado por Nigel Farage, anunciará un giro drástico en política migratoria: bloquear la concesión de visados a ciudadanos de Pakistán y de otros cinco países con altas tasas de negativa a readmitir a inmigrantes ilegales y delincuentes deportados desde el Reino Unido.
El anuncio lo realizará Zia Yusuf, nuevo responsable de Interior en la estructura «en la sombra» del partido, quien defenderá que un eventual Gobierno de Reform impondría una prohibición general de visados para diplomáticos, trabajadores, estudiantes y turistas procedentes de Pakistán, Somalia, Eritrea, Siria, Afganistán y Sudán.
Pakistán es uno de los mayores emisores de visados al Reino Unido —más de 160.000 en el último año—, pero según datos oficiales sólo acepta el retorno del 7% de sus solicitantes de asilo rechazados. Además, Islamabad ha rechazado en el pasado la repatriación de algunos de los cabecillas de las redes de explotación sexual infantil condenados en el escándalo de Rochdale.
La propuesta replica el modelo de sanciones migratorias impulsado en su día por Donald Trump, y se integraría en un plan más amplio para deportar hasta 288.000 inmigrantes ilegales mediante vuelos chárter diarios.
Reform también plantea abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sustituir la actual Ley de Derechos Humanos por una «Carta Británica de Derechos» que permita acelerar expulsiones y limitar la capacidad de los tribunales para bloquear deportaciones.
El discurso incluirá otras medidas de alto impacto: renegociar los términos del Brexit para impedir que ciudadanos extranjeros —incluidos europeos con estatus de residencia— accedan a prestaciones sociales; duplicar la capacidad de detención hasta 24.000 plazas; ampliar los poderes de identificación policial en zonas de alta criminalidad; y establecer inspecciones automáticas en domicilios tras múltiples alertas antiterroristas.
Según Reform, el gasto anual en prestaciones como el Universal Credit para extranjeros podría pasar de 10.000 millones de libras a 25.000 millones en los próximos años si no se endurecen las reglas.
