La Administración estadounidense está enviando un claro mensaje al Gobierno británico: la libertad de expresión no se negocia. Cinco funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos viajaron recientemente al Reino Unido para entrevistarse con activistas provida perseguidos por rezar en silencio frente a clínicas abortistas.
La misión, liderada por el asesor principal del Departamento de Estado, Samuel Samson, fue organizada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, preocupada por el creciente retroceso de libertades en Europa. En su paso por Londres, los diplomáticos se reunieron con representantes del Ministerio de Exteriores británico y cuestionaron directamente a Ofcom —el organismo regulador de las comunicaciones en el Reino Unido— por la Ley de Seguridad en Línea, que pretende regular los contenidos online y que está considerada una amenaza para la libertad de expresión.
Pero el motivo más urgente de la visita fue otro: escuchar los testimonios de cinco activistas detenidos por protestar de forma pacífica frente a centros abortistas. Entre ellos, la activista de 74 años Rose Docherty, detenida frente al Hospital Queen Elizabeth de Glasgow. «Lo único que hice fue permanecer de pie pacíficamente, ofreciendo una conversación consensuada. No infringí la ley, no acosé, no intimidé. Y, sin embargo, me arrestaron simplemente por estar allí», aseguró.
Isabel Vaughan-Spruce, otra de las arrestadas por orar en silencio en Birmingham, también participó en el encuentro con los enviados estadounidenses. «Desde que me arrestaron simplemente por las oraciones que guardaba en mi cabeza, el apoyo ha sido abrumador. Me alegra que la Administración estadounidense haya puesto de relieve esta injusticia«, celebró.
«No hay libre comercio sin libertad de expresión»
Los casos de Adam Smith-Connor, Livia Tossici-Bolt y el sacerdote Sean Gough también fueron abordados. El primero fue condenado a dos años de libertad condicional por rezar en silencio en Bournemouth. La segunda recibió la misma pena y una multa de más de 20.000 libras. Su caso, según fuentes diplomáticas, llegó a poner en riesgo el acuerdo comercial con EE.UU., que sigue negociando el primer ministro británico, Keir Starmer. «No hay libre comercio sin libertad de expresión», aseguró una fuente cercana a la negociación.
El Departamento de Estado ha advertido de que monitorea de cerca estos casos, en los que la disidencia se castiga, y ha reafirmado que el respeto a los derechos humanos es un pilar irrenunciable en las relaciones con el Reino Unido.
Por su parte, el propietario de X, Elon Musk, ha mostrado inquietud por la censura en el Reino Unido. Y así lo ha hecho también el vicepresidente JD Vance, que en la Conferencia de Seguridad de Múnich denunció la regresión de derechos fundamentales en Europa.
El caso Connolly y la doble vara de la Justicia británica
El viaje se produjo pocos días antes de que la influencer británica Lucy Connolly, esposa de un concejal conservador, viera rechazada su apelación para reducir una condena de 31 meses de cárcel. Su delito: un mensaje de indignación tras el apuñalamiento de tres niñas en un hotel de Southport a manos de Axel Rudakubana. Connolly fue condenada por «incitación al odio racial».
El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha mostrado su respaldo a Connolly y ha incidido en cómo la doble vara de la Justicia británica puede influir en las negociaciones con EE.UU.. «El caso de Lucy Connolly por sí solo demuestra que la Gran Bretaña de dos niveles realmente existe. Mis amigos estadounidenses no pueden creer lo que está sucediendo en el Reino Unido«, ha denunciado.
Mientras tanto, la Free Speech Union, que apoyó la apelación de Connolly, acusa al Gobierno británico de no cumplir sus promesas sobre libertad de expresión. «Si Starmer prometió proteger la libertad de expresión durante las negociaciones comerciales, claramente no lo está cumpliendo«, afirmó su secretario general, Lord Young.
Todos los activistas perseguidos han recibido el respaldo legal de Alliance Defending Freedom (ADF), un grupo cristiano conservador estadounidense. Y desde el Departamento de Estado se han mostrado tajantes ante la preocupación del Gobierno de Trump por el ataque a la libertad de expresión en el Reino Unido. La Oficina del Gabinete británico se ha negado a hacer comentarios.
